Costa evidencia el malestar de los imputados con la dirección del PP

“Han faltado al decoro de mi grupo”, alegó el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, tras pedir la palabra para quejarse por las acusaciones que la socialista Carmen Martínez vertió desde la tribuna en una dura intervención contra la corrupción. Martínez defendía este miércoles en las Cortes Valencianas la creación de una comisión de investigación sobre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), organismo de la Generalitat cada vez más implicado en el saqueo de la depuradora de Valencia, según las investigaciones del caso Emarsa. Martínez echó en cara a los populares escándalos como Gürtel, Blasco, Brugal o el caso Emarsa, sobre el que se creó una comisión de investigación en la Cámara que el PP cerró en falso.

Los populares la acusaron de ensuciar la imagen de la Comunidad Valenciana y Bellver pidió la palabra a Alejandro Font de Mora, que sustituía a Juan Cotino en la presidencia de la sesión, y pidió que la diputada socialista rectificara. Font de Mora señaló a Martínez que había hablado de “corruptos” y que, en todo caso, se trata de “presuntas” imputaciones. La parlamentaria lo dio por supuesto y señaló que no tenía intención de rectificar.

Descontento con la intervención del portavoz de su grupo, Ricardo Costa, imputado en el caso Gürtel por la supuesta financiación irregular del PP valenciano, pidió la palabra al sentirse aludido por la intervención de Martínez. Font de Mora le denegó la palabra e impidió que la voz de Costa se oyese a través del micrófono, aunque el diputado popular, visiblemente enfadado, dio una palmada sobre la mesa y acto seguido se dirigió al escaño de Bellver para expresarle su disconformidad con la defensa realizada.

Esta es la segunda vez que un miembro del conjunto de imputados del Grupo Popular —y quienes les secundan— exterioriza su malestar con lo que consideran una tibia defensa por parte de la dirección regional del PP. La primera demostración de descontento corrió a cargo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi —imputado en el caso Brugal— en el anterior periodo de sesiones en una reunión del Grupo Popular. Alperi fue secundado por su hija, también diputada autonómica y otros parlamentarios, como David Serra, imputado en la misma causa que Costa.

La actuación del grupo de imputados del PP, que evidencian en público un notable grado de sintonía, es vista con preocupación en la dirección regional del PP, que espera que Bellver sea capaz de reconducir el malestar interno, cada vez más visible.

El incidente se produjo cuando se iniciaba el debate de un paquete de comisiones de investigación solicitadas por los grupos de la oposición. Todas ellas fueron agrupadas en el pleno de esta semana para rechazarlas, dado que el PP se opone a todas ellas. Se trata de: la de la Espsar, propuesta por los socialistas, como la de la compra de la empresa Valmor, organizadora de la fórmula 1; la de los contratos de la Generalitat con Over Marketing, propuesta por los tres grupos de la oposición; la de la supuesta trama de cobro de sobres en el PP, propuesta por Compromís, y las del accidente del metro y la gestión de RTVV, también a iniciativa de los socialistas.

Al pleno de ayer, que se desarrolló con los escaños del Consell vacíos, acudió el titular de Sanidad, Manuel Llombart, a defender la validación del decreto que regula las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas y prevé incentivos a los profesionales, así como la posibilidad de pagar directamente a las farmacias sin pasar por los colegios profesionales, con el objetivo de ahorrar 300 millones. También prevé la prescripción directa de medicamentos en residencias, centros de salud y hospitales. Llombart dijo que el decreto, que entrará en vigor en abril, permitirá “reducir costes sin repercutir en la calidad de los servicios”.

Toda la oposición votó en contra y sus portavoces polemizaron con la popular Alicia de Miguel, que acusó a los socialistas de oponerse porque se dejan llevar por “el tripartito en el que Oltra es la jefa de la pandilla”. Ignacio Subías, del PSPV-PSOE, pidió que retirara la expresión, cosa que hizo la diputada, y se declaró contrario a que “se incentive en función del ahorro y no de la calidad”. Subías sugirió que las medidas del decreto pueden ser inconstitucionales. La diputada de Compromís Mònica Oltra aseguró que el Consell, lo que hace, es “recortar, constreñir la acción del médico y romper la relación médico-paciente”. Marina Albiol, de Esquerra Unida, consideró los incentivos “un insulto” y añadió que los profesionales “no son conejos que necesiten una zanahoria para trabajar”.

La convalidación del decreto ley no fue lo único que se aprobó en el pleno porque todos los grupos pactaron una declaración institucional de apoyo al sector industrial de Sagunto y al futuro de la planta de ThyssenKrupp Galmed. Pero el PP rechazó tres proposiciones de ley presentadas por Compromís, sobre contaminación lumínica, contra el fracking y para modificar la ley sobre las prescripciones de las obligaciones de la Generalitat.

El debate sobre el fracking enfrentó a Juan Ponce, de Compromís, con Mariano Castejón, del PP. Ponce insistió en que “es imposible garantizar que el acuífero no resulte contaminado” por esa técnica de extracción de hidrocarburos que planea sobre las comarcas de El Maestrat y Els Ports. Castejón respondió que el Consell “sopesará los pros y los contra”, aunque apuntó: “Seremos estrictos en el control”. Marina Albiol, de Esquerra Unida, subió a la tribuna con la camiseta amarilla de la plataforma contra el fracking y la socialista Ana Besalduch afirmó que las comarcas castellonenses del interior tienen petróleo, pero ese petróleo es precisamente el agua de sus acuíferos.