Los grupos confían en cerrar el pacto sobre transparencia en el mes de julio

Las organizaciones políticas se están tomando con calma cerrar un acuerdo en la mesa de los partidos ligados al llamado pacto por Andalucía, que promueve el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Lo que hay ahora mismo son más de un centenar de propuestas que inciden en la transparencia de las organizaciones, de su financiación o del funcionamiento de la propia Administración autonómica y local, pero sin orden y sin sistematizar.

Tras la tercera reunión celebrada en el Parlamento, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista acordaron endosarle a los servicios jurídicos de la Cámara la elaboración de una especie de guía de trabajo que les aclare qué leyes hay que cambiar o elaborar de nuevo cuño; si estas las debe proponer el Gobierno o los grupos parlamentarios; si la competencia de su aprobación reside en el Congreso de los Diputados —muchas de las propuestas afectan a leyes básicas— o en la asamblea automica; o su propio desarrollo.

Todos los grupos han presentado propuestas de máximos que apuntan en la dirección de combatir la corrupción —como la de acabar con el sistema de donaciones privadas en su financiación— , pero no entrarán en vigor de un día para otro. “Se puede dar la impresión de que no avanzamos, pero eso ese debe al enorme volumen de iniciativas que hay presentadas”, reconoció el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida y viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Antonio Pérez Tapia.

Los cuatro partidos han pedido a los letrados —que recibirán hoy el encargo en la reunión que celebrará la Mesa del Parlamento— que les pasen a limpio esta hoja de ruta y que al final de este periodo de sesiones, es decir, en torno al mes de julio, se pueda hablar de que existe un pacto político en Andalucía sobre transparencia con todos sus ángulos de debate cubiertos.

Cuatro sobre los bloques en los que han englobado sus propustas: ley Electoral; Administración y buen gobierno; financiación de los partidos políticos; y transparencia y la lucha contra la corrupción. En realidad, el acuerdo en lo que consiste es en un compromiso de principios para cumplir con las medidas que se aprueben, con independencia que haya leyes aprobadas que les obligue a ello o no.

En las iniciativas hay de todo: desde aquellas que abundan en la transparencia del control presupuestario de la Junta de Andalucía y su relación con terceros, así como las relaciones de familiares de altos cargos y diputados con la Administración; la de elaborar una nueva ley de Hacienda Pública; la de controlar previamente las operaciones de crédito que suscriban los partidos, pasando por la elemental de que no se pueden convocar ruedas de prensa sin preguntas.

El PP confía en que además de las propuestas coincidentes, se puedan incorporar otras que no sean compartidas por todos. Los populares José Luis Sanz y Ana Corredera apremiaron a los protagonistas de la concertación —sindicatos, patronal y Consejería de Economía— a que agilicen sus trabajos y presenten cuanto antes sus propuestas sobre empleo, una propuesta que IU consideró “acertada”. También se quejaron los populares de que se lleguen a acuerdos sectoriales —como el alcanzado sobre turismo—, sin antes pasar por la mesa de los partidos.

El vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, destacó el avance “sustancial” y el “grado coincidencia general” entre las formaciones. Según él, cuando el informe de los servicios jurídicos esté listo, se podrá lanzar desde Andalucía un mensaje “muy potente” de que en la comunidad será posible “un marco de entendimiento entre todos los partidos políticos” para regular actuaciones en los citados cuatro bloques.

También el secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, subrayó que con independencia del acuerdo al que se llegue, el mensaje que quedará es que los “malos gestores” deben ser apartados de la Administración.