Mas acelera el plan soberanista por el recurso al Constitucional de Rajoy

El proceso soberanista que impulsa Artur Mas, agrietado las últimas semanas por los casos de corrupción y el escándalo de espionaje en Cataluña, ha recibido un nuevo balón de oxígeno por donde menos esperaban los nacionalistas. La decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de forzar el cese del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, tras su defensa de la legitimidad de una consulta legal sobre el futuro de Cataluña dio este martes nuevos argumentos al presidente catalán para impulsar y acelerar su desafío. Para la Generalitat no cabe duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está detrás del cese del fiscal. Esto, sumado al recurso al Tribunal Constitucional que el Ejecutivo ha anunciado contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán en enero, le sirvió este martes a la Generalitat para concluir que el Gobierno de Rajoy es el “menos dialogante de la historia”. Y también para accionar nuevas palancas del proceso que pretende concluir con una consulta de autodeterminación de Cataluña en 2014.

El fulminante cese del fiscal Rodríguez Sol, consumado en menos de 48 horas tras sus polémicas declaraciones y el recurso ante el Tribunal Constitucional son, según la Generalitat, parte de la misma estrategia para frenar el proceso soberanista. La respuesta que diseñó este martes el Gobierno catalán pasa por reafirmarse en sus tesis del proceso soberanista y sumar nuevos apoyos. Mas afirmó que el “escándalo monumental” del cese del fiscal “"por decir que el pueblo catalán tiene derecho a expresare, quiere decir que la libertad está amenazada”.

La próxima semana, en el pleno del Parlamento autónomo volverá a votarse la resolución que la semana pasada dividió al Grupo Socialista del Congreso sobre una consulta legal por el “derecho a decidir del pueblo catalán”. Se aprobará por una amplísima mayoría, puesto que, además de los diputados del PSC, la apoyarán con seguridad los de Convergència i Unió, Esquerra e Iniciativa. Esto sumará como mínimo 104 diputados de un total de 135 que tiene el Parlamento catalán.

“Ante las constantes agresiones que sufrimos es importante que vuelva a haber una votación muy mayoritaria a favor del derecho a decidir”, dijo Francesc Homs, el portavoz. Este culpó indirectamente al Gobierno Rajoy del expediente y posterior dimisión de Rodríguez Sol. Lo dijo denunciando una supuesta reunión el lunes entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el fiscal general, Eduardo Torres Dulce. “Pedimos al Gobierno que desmienta rotundamente que haya existido esta reunión”. El Ministerio lo que precisó es que Gallardón vio el lunes, por separado y para distintos asuntos, a las personalidades citadas y también al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

La Generalitat también emplazó al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a actuar con la misma contundencia que ha hecho con el fiscal jefe de Cataluña ante “las expresiones fuera de lugar de algún miembro del Ejército”. Homs se refería así a las declaraciones del general de división Juan Antonio Chicharro, en la reserva, pero no retirado, que el día 6, en una conferencia sobre Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional, sugirió que estaría justificada una intervención militar para frenar la secesión de Cataluña. Defensa le ha abierto una “información previa”, tras publicar EL PAÍS la noticia, para determinar si hay materia de sanción.

Además de la nueva declaración a favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña, el Gobierno catalán piensa hacer otra exhibición de apoyos intentando lo que ha bautizado como Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Se trataría de que todos los partidos favorables a la consulta —incluido el PSC— pactaran una suerte de compromiso en este sentido, que podría recibir el apoyo de agentes sociales y entidades de la sociedad civil. El Gobierno catalán intentará alcanzar este pacto antes de fin de mes.

Pero este martes hubo ya un gesto en este sentido en el parlamento autónomo. Allí se reunió por primera vez la ponencia de partidos llamada a redactar la Ley de Consultas catalana, que el Gobierno de CiU quiere utilizar para dar cobertura jurídica a su plan para preguntar a los catalanes si quieren o no la independencia.

La mayoría de los grupos acordaron utilizar el texto de la Ley de Consultas ya elaborado en la anterior legislatura y elevarlo al pleno como proposición de ley, por lo que la ponencia solo se reunirá dos veces y se acelerará la tramitación parlamentaria. El objetivo de CiU y ERC es que el texto vea la luz antes del verano. Eso sí, también están convencidos de que ese texto será recurrido inmediatamente por el Gobierno al Tribunal Constitucional para evitar su puesta en marcha.

De nuevo, solo el Partido Popular y Ciutadans rechazaron la tramitación de esta ley. Convergència i Unió, así como Esquerra Republicana e Iniciativa, coincidieron en apuntar que acelerar esta ley es la mejor forma de expresar el rechazo a la dimisión forzada del fiscal superior de Cataluña.

El portavoz socialista, Maurici Lucena, también defendió la Ley de Consultas. Después de apuntar que el PSC es partidario de esta ley porque supone un instrumento de profundización democrática y de participación de la ciudadanía, Lucena lamentó que haya partidos que reduzcan el ámbito de aplicación a la consulta para ejercer el derecho a decidir. En su opinión, esta consulta es solo “uno de los posibles subproductos por los que tiene que servir la Ley de Consultas”. El PSC sigue defendiendo la celebración de una consulta legal y pactada con el Gobierno sobre el futuro de Cataluña, pero también deja claro que, de celebrarse esta, su posición como partido sería contraria a la independencia.

Más allá del proceso soberanista, lo que en estos momentos mantiene envenenadas —y congeladas— las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat es la limitación del déficit autonómico. Dos meses después de volver a tomar posesión como presidente catalán, Artur Mas sigue sin aprobar los presupuestos de este año. Acusa del retraso al Gobierno central, a quien culpa de no querer flexibilizar el objetivo de déficit autonómico. Mas, presionado por sus socios de ERC, se niega a cuadrar unas cuentas con un déficit del 0,7%, dado que ello obligará a nuevos y dolorosos recortes.

El presidente catalán también buscará un frente de partidos y agentes sociales contra el Gobierno central por este motivo. Lo hará el 16 de marzo, en la segunda cumbre económica que convoca siendo presidente. Consciente del escaso margen de maniobra que tiene su gobierno para capear la crisis, Mas sí piensa que podría resultar efectivo que todos los partidos —aunque el PP ya se ha desmarcardo de la iniciativa— pidieran al Gobierno central que se relaje el objetivo de déficit autonómico de este año. Con todo este panorama no es extraño que el Gobierno catalán siga sin confirmar si se celebrará o no la reunión pendiente entre Mariano Rajoy y Artur Mas. De llevarse a cabo, ésta se haría en un contexto “de máxima discreción”, señalan en la Generalitat.