El PSOE pide que se impute a Baltar también por malversación y falsedad

La estrategia de José Luis Baltar de descargar sobre los técnicos de la Diputación de Ourense las ilegalidades en la contratación del personal que le imputa a él el fiscal no ha surtido el efecto que esperaba. Las declaraciones de sus trabajadores lo han puesto contra las cuerdas. El PSOE (que junto con Manos Limpias ejerce la acusación popular) registró ayer en el juzgado que instruye esta causa una petición de ampliación de la imputación de prevaricación continuada. A la vista de las declaraciones de alguno de sus trabajadores y de los documentos aportados en la instrucción, los socialistas piden que se le sumen a la imputación actual los delitos de malversación y falsedad en documento público. Los delitos que el PSOE pide ahora que se le imputen están castigados con pena de prisión.

Los técnicos señalados por Baltar como responsables de los contratos (interventor, secretario y jefe de personal) tampoco libran. Aunque el PSOE no reclama directamente su imputación, sí recoge en el escrito remitido al instructor, para que este decida, la existencia de “indicios de actividades delictivas” en lo relativo a esas mismas contrataciones.

La declaración del jefe de servicio de fomento del empleo de la Diputación, José Juan Cerdeira Lois, ha sido determinante para que el letrado del PSOE, José Arcos, reclame que se incluya el supuesto delito de malversación de fondos públicos. Cerdeira testificó ante el juez que, en el entorno del congreso sucesorio del PP, solicitó tres personas para su departamento pero matizó que le enviaron solo a una. Según la fiscalía, la Diputación contrató a nueve personas que “nunca prestaron servicio”. Ateniéndose a ello, Arcos entiende que no hubo un manejo honesto de los caudales públicos.

El PSOE basa la petición de imputación por falsedad en documento público en el escrito fechado el 8 de enero de 2010 y firmado de puño y letra por Baltar que se aportó a la instrucción. En él figura una lista de Ayuntamientos que le habrían solicitado la contratación de personal a través de informes de las alcaldías. Pero la declaración del jefe de personal de la Diputación, José Luis Suárez puso también en un brete al cacique. Suárez testificó que en los expedientes “no existe ningún escrito ni solicitud” de personal realizada por los Ayuntamientos. El letrado del PSOE concluye así que el documento que aparece firmado por Baltar “contiene extremos falsos conociéndolo quien lo suscribió”.

Los tres técnicos de la confianza del exbarón en la época en que se firmaron los más de cien contratos tampoco salen bien parados. Aunque la acusación popular no pide su imputación, la deja en manos del juez tras señalarlos como cómplices. Recuerda que la ley destaca que es responsabilidad de estos funcionarios “el buen funcionamiento de los servicios a su cargo y de que sus actuaciones se ajusten a la legalidad”.