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El sector del mueble denuncia a Feria Valencia por competencia desleal

Considera que la institución incumple las normas al ceder un pabellón a la privada Telloland

Exposición de muebles de la feria Hábitat en el recinto ferial de Valencia en 2012.
Exposición de muebles de la feria Hábitat en el recinto ferial de Valencia en 2012.

La patronal del comercio del mueble valenciana, Fecomvac, con apoyo de la confederación española del sector, anunció este viernes que denunciará a Feria Valencia por infringir la ley de contratación de las administraciones públicas y por competencia desleal. Los comerciantes consideran ilegal el plan de Feria Valencia de ceder en régimen de alquiler uno de sus siete pabellones a una iniciativa privada, conocida como Teyoland, infringiendo para ello todos los requisitos de la contratación pública.

Domingo Quintero, portavoz de la plataforma de comerciantes creada para intentar parar el proyecto, recordaron que la Sindicatura de Comptes ha insistido en que la feria forma parte del sector público y debe sujetarse a sus limitaciones. Y que lo mismo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El proyecto de Teyoland, que anunció su intención de abrir al público en mayo, se ha presentado como una versión española de la multinacional sueca del mueble Ikea, y habría alcanzado acuerdos con 300 fabricantes para llevarlo a la práctica.

“Podrían haber cedido el espacio, pero convocando para ello un concurso público al que se diera publicidad y al que pudieran todas las empresas interesadas en igualdad de condiciones”, afirmó Quintero. “Pero en vez de ello, nos encontramos con que se ha llegado directamente a un acuerdo con una firma privada, y eso no puede ser. Nos parece muy bien que se instalen, pero que busquen un local e inviertan, como hace Ikea o cualquier otro”. “Nos oponemos”, agregó, “a que se utilice cualquier engendro jurídico para gestionar recursos públicos sin control público”.

La deuda por la ampliación, que costó 600 millones, la paga el Consell

Un portavoz de Feria Valencia respondió con los mismos argumentos que ha mantenido su presidente, Alberto Catalá, incluso ante los requerimientos de la Sindicatura de Comptes, el organismo fiscalizador del sector público valenciano. Esto es, que Feria Valencia es una institución privada que no forma parte del sector público y no tiene por tanto por qué aplicar la Ley de Contratación de las Administraciones. Ello a pesar de la cantidad ingente de fondos públicos que se han destinado a su mantenimiento y financiación, y de que más de la mitad de su patronato está integrado por cargos públicos, a la cabeza de los cuales, como presidenta, se sitúa la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Los presupuestos de la Generalitat están asumiendo, entre otros gastos, la enorme deuda contraída por la institución para financiar su macroampliación, la cual, de un presupuesto inicial de 325 millones de euros acabó costando 600. En 2012, pese a la grave situación de su Hacienda, el Gobierno valenciano abonó 38 millones por la feria, y este año pagará otros 30 millones.

Los comerciantes de mueble aseguraron ayer que Feria Valencia no solo no se ha ajustado a los procedimientos públicos, sino que ha rehusado explicar las condiciones del acuerdo alcanzado con Teyoland, así como quienes son los inversores que están detrás del proyecto.

Feria Valencia argumentó también que su negocio principal consiste precisamente en alquilar suelo, aunque en el marco de ferias comerciales. Y esa es otra de las alegaciones que realizan los comerciantes para considerar ilegal los acuerdos: que en este caso la cesión del espacio es permanente o indefinida. Y que, además de con los comercios de muebles, Teyoland competirá también de forma desleal con el propio certamen del sector del mueble, la feria Hábitat.

La patronal de los comerciantes presentó el resumen de un dictamen jurídico que respalda sus tesis. Y en los próximos días decidirá si acuden para reclamarlo a la vía contencioso-Administrativa o a los organismos de la competencia, después de haber descartado la vía penal.

Reinos de taifas

El interés de Feria Valencia de ceder en alquiler uno de sus pabellones parece razonable. La caída en picado de su actividad (entre 2008 y 2010 su número de visitantes se redujo a un tercio y se ha visto obligada a ir reunificando certámenes para que alcanzasen un tamaño aceptable) se inició poco después de la inauguración de unas instalaciones faraónicas y muy caras que no sabe cómo llenar. El problema, insistían ayer los comerciantes, no es que se busque una forma de rentabilizar un espacio infrautilizado, sino la forma de hacerlo, marcada por los secretos.

El enfrentamiento de la Sindicatura de Comptes con Feria Valencia, que se niega a que el órgano fiscalizador revise sus cuentas, es único. Pero el intento de las Administraciones valencianas de sacar del control público algunas de sus instituciones es reiterado.

El ejemplo más cercano es la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que contrató las Valencia Summit con la fundación de Iñaki Urdangarin y que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, insiste en que es privada, aunque el Tribunal de Cuentas haya determinado lo contrario. La Generalitat intentó lo mismo, sin éxito, con su Agencia Valenciana de Turismo, uno de los escenarios principales del caso Gürtel.