Camacho pide al juez que no se difunda su conversación grabada por los espías

 Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña, se ratificó ayer en el juzgado en la demanda civil que ha presentado contra la agencia de detectives Método 3 tras haber sido grabada la conversación que mantuvo en una comida con Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, en julio de 2010. La vistilla, celebrada en el juzgado número 21, comportó que declararan en calidad de testigos tanto Álvarez como el letrado del restaurante La Camarga, de Barcelona, donde se celebró el almuerzo. Los abogados de los detectives pidieron a la juez, sin éxito, que suspendiera el procedimiento.

“Tengo confianza en la justicia y en que todos los que han participado en la grabación y que la han difundido con la intención política de hacerme daño asuman las consecuencias”, dijo la popular a la salida del juzgado. Los abogados de Sánchez-Camacho ya pidieron hace días a la juez que reclamara a los detectives el libro de registros para comprobar quién fue el cliente que pidió registrar la conversación así como la solicitud de que se prohíba la difusión y publicación de la grabación de la conversación privada. El diputado socialista José Zaragoza, ex secretario de Organización del PSC, ha negado en varias ocasiones estar detrás del encargo aunque varios medios se lo atribuyen al estar en posesión de un documento en el que supuestamente figura como cliente. 

Fuentes judiciales señalaron que los abogados de Método 3 no aportaron el listado de clientes. Durante la vistilla, que duró algo más de una hora, también declaró Álvarez, quien se ratificó en que no sabía nada de que estaban siendo grabadas.

Sánchez-Camacho reiteró su deseo de que la investigación llegue hasta “el final”.

El escándalo estalló hace 20 días cuando trascendió el caso de espionaje, que dio paso a una profusión de supuestos informes en los que figuran numerosos encargos de varios partidos. La policía ordenó la detención de cuatro exdetectives de Método 3 que quedaron en libertad con cargos. Sánchez-Camacho, que reiteró que no dará más detalles sobre el caso al estar bajo secreto de sumario, ya confirmó ante la policía, tras escucharla, que su voz era la que aparecía en una grabación.

A la salida de los juzgados —Álvarez evitó a la prensa—, Sánchez-Camacho, que también ejerce la acusación particular, reiteró su deseo de que la investigación llegue hasta “el final”. “Hay grabaciones ilegales que me afectan a mí y a muchas otras personas. Y quiero que se actúe contra aquéllos que hayan difundido o hayan podido cobrar por la venta de una grabación ilegal de una conversación privada”, señaló. La dirección popular sospecha que no necesariamente tienen que ser las mismas personas quienes solicitaron el espionaje y los que lo han comercializado.

Además de la demanda de Sánchez-Camacho y la denuncia que la dirección del PP catalán presentó en Jefatura, Convergència también presentó otra tras haberse publicado que Xavier Martorell, director general de Prisiones y número dos del consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, habría encargado el espionaje de Felip Puig, actual titular de Empresa y Ocupación. El Gobierno catalán sostiene que no tiene por qué abandonar su cargo, aunque Martorell primero negó relación alguna con Método 3 y luego se supo que había contactado con esa agencia para revisar la sede de CDC en Sabadell.