El juez rechaza devolver el control del Betis a Lopera por “riesgo” de delito

La investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis ha ofrecido este viernes dos visiones muy distintas en un mismo auto del juez Rogelio Reyes, sustituto de Mercedes Alaya, de baja por enfermedad desde hacia varios meses, en la instrucción del caso. Por un lado, el magistrado ha decidido prorrogar la situación actual y desestimar la petición de la fiscalía de suspender las medidas cautelares y devolver a Ruiz de Lopera el control del paquete mayoritario de acciones del club sevillano. Por el otro, Reyes ha asegurado que la instrucción del caso está cercana a su conclusión.

El juez ha argumentado el mantenimiento de la administración judicial sobre la totalidad de las acciones de Ruiz de Lopera en el Betis (51%) por el riesgo de que continuara “la actividad delictiva” y sus “relevantes y trascendentes” perjuicios al club. La juez Alaya decidió el 16 de julio de 2010 la suspensión de los derechos políticos de Ruiz de Lopera sobre su paquete accionarial e impuso al expresidente bético una fianza de 25 millones de euros. El abogado José Antonio Bosch fue el elegido para controlar y gestionar las citadas acciones en noviembre de 2011, en sustitución del fallecido Juan Gómez Porrúa.

El juez Reyes ha fundamentado su auto en el segundo informe de los peritos sobre las cuentas del Betis y dice que sus conclusiones para el periodo 1999-2008 “confirman indiciariamente, y en mayor grado si cabe, el relevante y trascendente perjuicio económico” causado al club por parte de las empresas de Lopera, Tegasa y Encadesa, “así como sus desproporcionados rendimientos en relación a la contraprestación ofrecida”, informa Efe.

Los peritos, que están citados el 5 de junio para ratificar su informe, han asegurado que la gestión de Ruiz de Lopera causó un perjuicio de 12,4 millones de euros al club en el periodo comprendido entre 1992 y 1998 y de 17 millones entre 1999 y 2008. El magistrado también se basa en los autos emitidos por la Audiencia de Sevilla sobre el “ejercicio abusivo del poder” que ostentaba el imputado y sostiene en su escrito que “lejos de haber desaparecido las circunstancias” que motivaron el control judicial de sus acciones, se ha visto “reforzado” el “riesgo cierto de mayor perjuicio”.

La devolución del control sobre el paquete accionarial ya fue solicitado por el propio Ruiz de Lopera en 2011

Aunque la devolución del control sobre el paquete accionarial ya fue solicitado por el propio Ruiz de Lopera en el 2011, ahora es la fiscalía quien defiende que han desaparecido los supuestos que justificaron la medida “así como el plazo previsto” e intentar evitar que suponga “un cumplimiento anticipado de la pena”.

El juez discrepa con el ministerio público en cuanto al plazo de dos años para la intervención de las acciones, medida solo prevista para los casos “en que se estuviera dilucidando la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas”, según una circular de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía de Sevilla argumentó que idénticas medidas de prohibición de disponer de las acciones están vigentes por orden del Juzgado Mercantil 1 de Sevilla, que tramita el concurso de acreedores del Betis, pero el juez Reyes responde que en la vía mercantil las medidas cautelares afectan al 31,38% de las acciones y en la penal al 51%.

El auto enumera a lo largo de diez folios las irregularidades que se atribuyen a Ruiz de Lopera y recuerda que la fallida venta de sus acciones a Bitton Sport “en el ínterin entre la fecha en que se adoptaron las medidas cautelares y la fecha en que fue removido del consejo de administración” fue una “operación salpicada de diversas anomalías”.