Feijóo defiende a Currás lanzando sospechas sobre el bipartito de Santiago

La pregunta versaba sobre la posible disolución del Ayuntamiento de Santiago, asediado como está su gobierno, del PP, por varios casos de supuesta corrupción, pero la respuesta del presidente de la Xunta se deslizó hacia la relación del anterior ejecutivo bipartito con empresas ahora investigadas en el marco de las operaciones Pokémon y Manga. Alberto Núñez Feijóo se defendió ayer ahondando en las sospechas ya insinuadas el día anterior en el Parlamento sobre las adjudicaciones en la anterior etapa municipal en la capital gallega. Hasta la fecha ningún edil de aquel gobierno fue imputado en los casos citados.

“Desconozco si se continuará esa investigación a empresas cuyos responsables, alguno de ellos, están en prisión y fueron los mayores contratistas del Ayuntamiento en las legislaturas anteriores”, expuso tras su reunión semanal de gobierno. Incluso dio cifras, aunque no citó a las compañías aludidas: 15 millones adjudicados en 111 facturas por el bipartito a una de ellas, por “cero euros” del actual; y seis millones de euros a la otra, por 114.000 euros asignados después de las municipales de 2011, que le entregaron el bastón de mando a los conservadores. En todo caso, reclamó explicaciones a sus compañeros de partido, “otra vez”, ahora por una información de La Voz de Galicia que recoge acusaciones a un edil por posible falsificación de facturas.

Sobre la manera de concretar su proclama de “extirpar la corrupción”, enunciada el miércoles en el Parlamento, no aportó nada nuevo. “Tengo poco que añadir 24 horas después, el que mete la mano en la caja se va”, afirmó, tras lo que recordó su doctrina: pedir la dimisión de los cargos cuando, además de la imputación, se les imponen medidas cautelares. Abogó por extender ese principio a todas las fuerzas y garantizó que mantendrá esa “línea de coherencia”, aunque sostiene en el cargo a su delegado en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por prevaricación, malversación, estafa y falsedad en documento público.

Eso sí, Feijóo dijo desear, “por el bien de la política”, que el ex número dos socialista José Blanco salga indemne de las investigaciones del Tribunal Supremo derivadas de la Operación Campeón. Así, aprovechó para acusar a “algunos” de “querer condicionar lo que es el funcionamiento de la democracia y de las instituciones”. Preguntado por el recrudecimiento de las protestas de los afectados por las preferentes, retomó la dureza con sus adversarios políticos, a los que endosó la responsabilidad de “utilizar el dolor de las familias para intentar crispar aún más la situación que dejaron” al salir del Gobierno, aunque no precisó si se refería al Ejecutivo español o al gallego. Con los estafados se mostró comprensivo.

Entre la maraña de escándalos, el presidente encontró hueco para lanzar su mensaje predilecto, el de la “solvencia” de la comunidad, esta vez a cuenta de la certificación de que Galicia cumplió en 2012 el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central. Pese a caerse del podio —se queda la sexta con menos déficit, un 1,19% frente al 1,7% de media de las comunidades— Feijóo erigió a la autonomía en “referencia continuada” en esta materia. Aseguró que “en ningún caso” las cuentas públicas gallegas serán intervenidas por el Ejecutivo de Madrid. Ayer también se conoció la otra cara de la austeridad, la contracción del 1,2% del PIB durante ese mismo ejercicio, pero sobre este dato no hizo ningún comentario.

El Consello de la Xunta acordó ayer que todas las ayudas primarán con hasta un 30% más de valoración las propuestas de gestión compartida entre varios ayuntamientos. También se declaró la incidencia supramunicipal del Plan Acuícola que abre toda la costa a las piscifactorías. Según Feijóo, se llega así a la fase final de una tramitación que se prolonga desde finales de 2009.