Botella pide al Gobierno que no le quite el Samur y los servicios de atención primaria

“A la capital de España no se le puede poner el mismo traje que a un Ayuntamiento de 5.000 habitantes. Madrid tiene particularidades, y hay servicios que tiene que seguir prestando”. Hasta ahí llegó la semana pasada la alcaldesa, Ana Botella (PP), en su defensa de las competencias locales que el Gobierno central (PP) pretende traspasar a las comunidades autónomas. Preguntada qué servicios dará batalla, sólo especificó uno: el Samur. Esta mañana, en el pleno municipal, ha añadido otros: los servicios sociales de atención primaria. Para la oposición, no resulta suficiente; por eso, tanto socialistas como IU exigen a Botella que retenga todas las competencias municipales ahora en cuestión.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, le ha exigido que “influya” en el Gobierno, “aunque eso signifique ir en contra de su partido”, para desactivar “este ataque frontal al municipalismo”, que supone "un desmantelamiento del sector público”. En su opinión, el plan del Gobierno "disminuye el papel de los Ayuntamientos como instrumento básico de la democracia y la cohesión social, y los vacía de competencias propias como Administración de proximidad". Lissavetzky ha añadido: "Habrá menos servicios y serán más caros. Estos recortes van a aumentar el sufrimiento de los más débiles. Es una contrarreforma, una involución. Usted no tiene que acatar esa ley, pelee, pónganse el gorro de alcaldesa y quítese el gorro de militante del PP".

Botella le ha echado en cara que el PSOE no haya llegado a un acuerdo con el PP sobre este proyecto, y que durante los casi ocho años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) no "hiciera nada" para desarrollar un nuevo modelo de financiación local. Y ha concluido: "Lo importante no es qué Administración presta el servicio sino cómo se presta. Lo público lo pusieron ustedes en peligro con la quiebra en que dejaron a los españoles. Yo tengo el gorro de alcaldesa, se lo aseguró".

El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha cifrado en más de 600 millones de euros las competencias que pasarán de los Ayuntamientos de la región a la Comunidad. “Si el Gobierno regional no inyecta los recursos necesarios, estaremos hablando de recortes puros y duros. Con el espíritu de esta reforma no hacen falta ni Ayuntamientos ni alcaldesas ni alcaldes; basta con abrir ventanillas en algunas oficinas de las comunidades autónomas”, ha dicho. Y ha añadido: "Racionalizar para el PP significa menos servicios públicos, menos igualdad y más injusticia social. Un Ayuntamiento es una entidad política; las funciones a las que lo quiere reducirlo este proyecto, recoger la basura y poco más, podría hacerlas una empresa. Se pretende recentralizar el Estado, es decir, hacerlo menos democrático. Los Ayuntamientos han puesto en practica esos servicios por responsabilidad política, y ahora se lo quieren quitar por irresponsabilidad política".

Botella le ha respondido: "Comparto los objetivos del Gobierno: una Administración, una competencia. Lo más importante es hacer sostenibles económicamente esos servicios en el tiempo, y parece claro que las políticas anteriores de los últimos años, y no vamos a decir de quiénes, no lo han hecho. No se puede tratar igual a un pueblo de 300 habitantes que a la capital de España. Trabajaré en la mejora de la ley, para que los madrileños reciban los mejores servicios por la Administración que se considere más adecuada, y sean sostenibles. Fortaleciendo a los municipios se fortalece la unidad de España".

El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, al que aún le queda mucho camino antes de su validación definitiva y su tramitación parlamentaria, pero que ya ha enseñado los dientes a los Ayuntamiento. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 1985, considera como competencia local “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. En nuevo texto traslada esta labor a las comunidades autónomas, y deja a los Ayuntamientos sólo “la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

El traspaso se tendría que hacer en un año a partir de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno regional podría delegar esas funciones en los Ayuntamientos, pero tendría que poner el dinero. La Comunidad, en declaraciones a EL PAÍS, ya ha avisado: “Si el dinero no lo pone el Estado, nosotros no lo vamos a poner. ¿Acaso pretenden la asfixia de las autonomías? Esta reforma, tal cual está, significa que los ciudadanos van a perder servicios. Y las comunidades asumirán la culpa?”.

El presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013 asciende a 1.249 millones de euros. ¿Cuánto supondría aglutinar el gasto municipal? Las principales ciudades de la región por población son Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000), Fuenlabrada (199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón (169.000), Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas (110.000). Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la población de la región. Tomándolas como referencia, se puede aproximar el gasto adicional de asumir los servicios sociales municipales. Encabezados por la capital, donde más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con asistencia telefónica, estas ciudades suman 530 millones de euros en esta área. Asumir esa cantidad supondría un aumento del 42% sobre el presupuesto regional de asuntos sociales.

Pero el traspaso de competencias no se limita a los servicios sociales, sino que afecta también a las emergencias sanitarias y las escuelas infantiles, dos competencias en principio regionales que los Ayuntamientos, y singularmente el de la capital, han desarrollado en los últimos 30 años sin cobertura normativa. El Gobierno pretende que tanto las escuelas infantiles como el mantenimiento y vigilancia de todos los centros educativos pase al Gobierno regional.

La partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de 1.390 millones de euros. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez municipios con mayor población suman un gasto total en esta área de 90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares.

Respecto al Samur, que el Ayuntamiento pretende defender incluyéndolo en sus competencias de Protección Civil, el acuerdo tácito entre ambas Administraciones pasaba hasta ahora por mantenerlo en manos municipales y extender sus labores al interior de las viviendas (hasta ahora, sólo actuaba en la vía pública); el Summa regional se concentraría así en dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47 millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte daño político para el Ayuntamiento. De ahí que Botella quiera defenderlo a capa y espada.