Feijóo promete extirpar la corrupción mientras avala a un procesado del PP

Acorralado como está el PP en la calle, donde cada protesta se acuerda de los sobres, las cuentas en Suiza y los tesoreros millonarios, y también en el Parlamento, por los escándalos de corrupción, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó ayer dos preguntas sobre las sospechas que acosan a su partido, durante la sesión de control al Gobierno, para lanzar una contundente proclama a favor de la regeneración democrática. Habló de “perseguir hasta el final a quien intente lucrarse con la política”, de “extirpar cualquier comportamiento corrupto” de “endurecer las penas para esos delitos y de alargar sus plazos de prescripción”.

Eso fue a las 10.30 de la mañana. El presidente protagonizó un alegato sin concesiones por la limpieza de la política. Seis horas después, regresó a su escaño para votar contra una proposición no de ley del BNG que pedía el cese del delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, condenado ya por defraudar fondos públicos y que debe someterse a un segundo juicio por corrupción, procesado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsedad en documento público, todo ello relacionado con el presunto uso irregular de subvenciones europeas.

El presidente apretó el botón igual que el resto de los 40 diputados del PP para desbaratar la iniciativa del Bloque —apoyada por el resto de la oposición— que, a través de la diputada Tereixa Paz, había advertido minutos antes a Feijóo que amparando a Martínez se convertiría en su cómplice. En defensa del superdelegado condenado ya una vez y procesado otra salió la portavoz del PP, Paula Prado, abogada de formación, quien intentó hacer ver que el dirigente de la Xunta “no está siquiera imputado” entre apelaciones a la presunción de inocencia. Prado fue más allá que el propio procesado, quien en su alegato para evitar el juicio lo máximo que esgrimió fue que esos graves delitos están prescritos.

La corrupción monopolizó el cara a cara que el presidente mantiene con sus rivales políticos cada tres miércoles en el hemiciclo. Todos los portavoces le echaron en cara el caos que impera en el Ayuntamiento de Santiago, donde se suceden las imputaciones, que afectan al anterior alcalde, a su sucesor y a una edil, además de otro que ya tuvo que dimitir y a dos jefes de gabinete. Feijóo ya había admitido que lo que sucede en la capital de Galicia “no es normal”, pero la oposición le pidió ayer que pasase de las opiniones a los hechos. Fue entonces cuando clamó por la regeneración democrática. Su promesa de perseguir a los que se lucren con la política no satisfizo a sus rivales. AGE y el BNG le exigieron que inicie los trámites para disolver la Corporación Municipal antes de convocar elecciones. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, que había registrado una pregunta sobree cómo afectan las decisiones del presidente Rajoy a Galicia, también entró de lleno en el asunto y advirtió de que la ciudadanía sigue esperando una actuación de Feijóo para poner orden en aquel Ayuntamiento.

El presidente no anticipó ninguna medida concreta en Santiago pero sí reprochó al BNG que “apoye desde fuera” a alcaldes implicados en las tramas Pokemon y Campeón. Según Feijóo, eso es lo que hacen los nacionalistas desde que rompieron los gobiernos de Ourense y Lugo en cuanto asomaron los casos de corrupción.

Más rebuscada fue aún la respuesta a la portavoz de AGE, Yolanda Díaz. El presidente se remontó a 2007 para reprocharle el sueldo que entonces cobraba su socio, el alcalde socialista en Ferrol, Vicente Irisarri, con el que acabó rompiendo la coalición, y los asesores de Izquierda Unida en ese Ayuntamiento. Trató de equiparar así el presidente la corrupción con los salarios de cargos públicos y todo en una pretendida defensa de las instituciones. El episodio llevó al líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, a abandonar el hemiciclo. “Voy a fumar un cigarro que es bastante menos tóxico que esto”.

A última hora de la tarde, y a propósito del debate, el PP de Ourense presentó en un comunicado al alcalde de Barbadás —que reconoció esta semana no haber pagado cinco años de IRPF— como un ejemplo de transparencia.