El juez imputa a 52 personas en la operación contra la red de prostíbulos

La red criminal desarticulada en Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla y que poseía seis clubes de alterne, generó “ingentes beneficios” y contaba con 52 personas que han sido imputadas, 26 de ellas detenidas por la policía. Están acusados de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, trata de seres humanos, un delito relativo a la prostitución, otro por organización criminal y otro contra el derecho de los trabajadores.

Entre los imputados destacan el exconcejal de Obras del PSOE en Ayamonte (Huelva), José Carlos Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad, Javier González, que supuestamente intentaron facilitar la apertura de un nuevo prostíbulo en el municipio onubense. El titular del Juzgado de Instrucción 5, Lorenzo Arístides Pérez, acusa al exedil de cohecho y tráfico de influencias por haber percibido supuestamente “una cantidad indeterminada de dinero, así como favores por parte de la red, como la contratación de afines a él como personal laboral del nuevo macroprostíbulo e incluso dinero para el pago de facturas personales”.

La investigación de la Unidad Central contra redes de inmigración y falsedades documentales (Ucrif) ha concluido tras dos años con 500 cuentas bancarias bloqueadas, 16 órdenes de registro y diversos bienes incautados, además del cierre de los clubes de alterne. Los policías no pudieron determinar estos pagos a través de las cuentas bancarias del exedil. Sin embargo, el magistrado le acusa de realizar “un activo seguimiento del estado de la tramitación de las licencias interesadas” para la apertura del macroprostíbulo. Ante las elecciones municipales de 2011, Fernández Reyes aumentó la presión sobre el entonces alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez, para que las licencias fueran aprobadas sin problemas.

El magistrado subraya en su auto del pasado domingo la existencia de “abundante material procedente de las escuchas telefónicas, así como la vigilancia de una reunión que mantuvieron los dos cabecillas con el exedil”.

Por las presiones que el presidente de la Cámara de Ayamonte ejerció sobre el alcalde, este ha sido imputado por un delito de tráfico de influencias.

El lunes declararon ante el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla una veintena de detenidos, y ayer comparecieron otras seis personas, cuatro de ellos detenidos en Valladolid y Madrid. El magistrado decretó libertad con cargos para todos los imputados, que se negaron a declarar, aunque a algunos de ellos se les ha retirado el pasaporte para evitar su huida del país.

Los clubes de alterne clausurados son Los Daneses y Hotel Río Sur, Colores, PK2, Oh Palace, Platinium, Hotel nº 1. Cinco detenidos constituían la “cúpula dirigente de la organización criminal”, con el control directo de los prostíbulos Oh Palace, Los Daneses y Platinium. “Se valen de un entramado societario utilizando las mercantiles como empresas explotadoras de los clubes, como medios para blanquear las ganancias obtenidas en los prostíbulos (...) Las sociedades son también empleadas para enmascarar las actividades de la organización”, detalla el juez. La red disponía de al menos un miembro “activo” en cada burdel que actuaba como contable.

Uno de los imputados, J. M. F. G., se encarga de la localización y captación de nuevas potenciales víctimas en Suramérica, para proceder a su posterior traslado hasta España vía Francia.

El juez también ha imputado a varios familiares de los cabecillas de la red, pese a no pertenecer al núcleo duro de la organización criminal, dado que “participan de los beneficios generados mediante la explotación sexual y laboral de las mujeres en el club Los Daneses”. Otro imputado, de iniciales I. P. M., supervisaba la recaudación diaria obtenida y el número de pases o “servicios sexuales”. Para él trabajaban “mamis-recepcionistas, porteros, contables o administradores”, a los que daba instrucciones para lograr más beneficios, según el auto.