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Castedo pide declarar de nuevo en el TSJ por su imputación en Brugal

Su abogado pide que se concreten las acusaciones y se agilice el proceso

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ el pasado octubre.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ el pasado octubre.

El abogado de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha remitido un escrito al magistrado que instruye la rama del caso Brugal relacionada con el supuesto amaño en el Plan General de Ordenación Urbana para pedir que se le permita declarar de nuevo. En la petición, el letrado pide que se "concreten" los hechos que se imputan a Castedo.

Asimismo, el letrado Juan José Martínez Albert pide que se agilice el proceso, cuyas investigaciones se prolongan desde hace casi seis años.

La defensa de Castedo quiere que su patrocinada declare otra vez en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, a poder ser, con "la concreción previa" de los actos objeto de las imputaciones.

En este sentido, fuentes de la defensa han explicado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través del artículo 400, faculta al imputado a declarar cuantas veces considere en el marco de su derecho de defensa.

A juicio del letrado, tal como expone en su escrito, es necesario que el magistrado "concrete" los hechos que se le imputan a su patrocinada "para poder ejercitar una defensa concreta" y conocer "qué hechos" son identificables con los delitos apuntados.

Además, el alegato de la defensa subraya "las dilaciones indebidas" existentes en esta instrucción, pues después de casi seis años de investigaciones los supuestos hechos delictivos carecen de una identificación clara y de una imputación concreta.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana imputó a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor coincidieron en que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de regalos. En su primera declaración ante el TSJ, el pasado octubre, la alcaldesa de Alicante negó las acusaciones, pero reconoció que proporcionó al constructor un sobre con planos sobre un plan logístico impulsado por la Generalitat, aunque negó que se tratara de datos referidos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).