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El juez de Gürtel investiga a fondo la campaña electoral de Camps de 2007

El magistrado requiere el libro mayor, balances y extractos de la formación

Ceres quiere saber cuántas vallas se instalaron, dónde y quién las contrató

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, en mayo de 2009.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, en mayo de 2009.

El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado una batería de diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps fue reelegido presidente de la Generalitat. El magistrado mantiene imputada a la mayor parte de la dirección regional del partido en aquella época, entre ellos Ricardo Costa, así como al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera autores de un delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) por haber recibido importantes sumas de dinero de constructoras.

El magistrado ha reclamado a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana toda la documentación sobre la contabilidad del PP valenciano. Entre ella, el libro mayor, los balances, el diario y los extractos. El juez ha tenido que reclamar a lo largo de la instrucción de forma repetida documentación al Partido Popular, tanto a la dirección regional como a la nacional. Entre los imputados en la conocida como causa de financiación ilegal del PP valenciano se encuentra el extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas.

El juez ha requerido, en paralelo, información exhaustiva a 10 empresas de publicidad que hicieron trabajos para la campaña popular. La organización de los actos electorales corrió a cargo de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.

El magistrado solicita a nueve de las empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información al detalle sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007, que dieron a Camps su segunda mayoría absoluta.

El juez las requiere para que detallen si las vallas contratadas lo fueron para las elecciones autonómicas y locales (que se celebran el mismo día). Así como los contratos, órdenes de publicidad, y otros documentos que regulasen la relación comercial mantenida. Y también: cuántas vallas se les contrataron; dónde; cuántos días estuvieron colgadas; el importe unitario de cada una de ellas (por día, catorcena o quincena); la fecha y el modo en que se pagó el servicio, y también la identificación completa de la persona física o jurídica que les remitió los carteles para proceder a insertarlo.

El instructor solicita información similar, pero en este caso a una empresa de publicidad con sede en Madrid y dedicada también a insertar anuncios en otros soportes. El juez requiere a la empresa para que aporte las facturas que le emitió a Orange Market en 2007, así como los contratos, órdenes de publicidad y otros documentos que fijaran las condiciones de la relación comercial. E igualmente: cuánto y cómo les fueron pagados los servicios; copias de las imágenes publicadas; su número; el tiempo que duró su inserción; la localización de los soportes donde se realizó la publicidad y también la persona física o jurídica que les remitió las imágenes que debían anunciarse.

El magistrado citó ayer para declarar como testigos, dentro de la misma línea de investigación, a tres trabajadoras de una empresa de publicidad con sede en Paterna a las que Orange Market subcontrató parte de los trabajos de la campaña de 2007. La sociedad que dirigía Álvaro Pérez percibió, según la policía, 3,3 millones de euros en 2007 por los actos electorales del PP valenciano. De ellos, solo 870.000 euros habrían sido declarados a Hacienda, mientras que los 2,5 millones restantes fueron en dinero b, e incluidos en la cuenta que la red corrupta denominaba Barcelona.

El juez también interrogó como testigos a dos empleadas públicas, una de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Sociedad Anónima (Cacsa) y la otra de la dirección general de Promoción Institucional, adscrita a presidencia de la Generalitat. En este caso, Ceres profundizaba en la investigación de los 76 contratos que el Gobierno valenciano adjudicó a dedo a la trama fraccionando para ello supuestamente su importe de forma que no superasen el límite legal de los 12.000 euros, que hubiera requerido una modalidad contractual mucho más exigente.

Una de las testigos citadas envió un correo electrónico a Cándido Herrero, número dos de Orange Market, en el que le indicaba que el importe de la facturación, cuando la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, lo hubiera decidido, se repartiría entre Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (dos tercios de la factura) y la empresa privada Parques Reunidos Valencia SA (el tercio restante).