Los cadáveres de Madrid

Al asomarse a la frontera norte de la capital vuelve el recuerdo de que durante años Madrid se miró en Abu Dabi para saber qué aspecto quería que tuviera su futuro. Un skyline de rascacielos como cerillas de cristal, caracolas refulgentes firmadas por los arquitectos de moda. En este balcón de Madrid, con el IFEMA a las espaldas y alrededor un mar de hierba quemada, ahora se pueden contemplar algunos retales de ese sueño. A la izquierda, las torres de la Plaza Castilla, las que nacieron del vigor de las grandes constructoras torpedeadas por la crisis. Enfrente, el Instituto de Medicina Legal (IML), el único edificio levantado en el Campus de la Justicia de Valdebebas: 20 millones de euros vacíos a la espera de uso.

En este rincón, la semejanza con Abu Dabi se consiguió parcialmente. Puede que no en lo grandioso ni lo icónico, pero sí en que la ciudad parece en su límite septentrional un desierto salpicado de edificios con textura de espejismo. Un espacio por el que no se puede transitar sin coche porque no existe transporte público. No hay otra forma de llegar al IML, un meteorito metálico en medio de lo que tenía que ser el Campus y que, por el momento, es un páramo entre el estadio Di Stefano y la Terminal 4 de Barajas.

Al alienígena edificio se le conoce popularmente como el donut. Tiene 14.000 metros cuadrados y se espera que un día lo ocupen los trabajadores del Instituto Anatómico Forense. Despachos, salas de disección y de espera: todo está listo para que los médicos trabajen; solo falta el equipamiento. En torno a él estaba previsto que se levantaran 14 edificios igual de espectaculares para conformar el que iba a ser el complejo judicial más importante de Europa. Lo proyectó en 2004 el equipo de Esperanza Aguirre nada más llegar al poder, y en él iban a trabajar Norman Foster y Richard Rogers. Todavía no se sabía que el arquitecto del donut, Alejandro Zaera-Polo, iba a pedir que se retirara su nombre de la obra porque no cumplía con sus exigencias de calidad. Después de invertir 100 millones en el Campus y tenerlo detenido desde 2009, la Comunidad ha decidido rebajar sus expectativas y relanzar una versión low cost cuyo sorprendente reclamo es que no contará con “arquitectos estrella”. En un futuro cercano, el Gobierno regional asegura que trasladará allí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, la Fiscalía y los distintos juzgados. Como viene siendo habitual, la solución privada fue por la que apostó Aguirre antes de marcharse y dejar atado el que iba a ser uno de sus legados arquitectónicos: este año la Comunidad asegura que sacará a concurso la construcción y gestión del complejo por 33 millones de euros anuales, esperando que la operación se financie con el alquiler del espacio liberado en los juzgados de plaza de Castilla. Todo eso después de que la colocación de la primera piedra del proyecto costara 1,4 millones de euros, en parte financiados por la constructora Begar, implicada en la trama Gürtel.

Rémoras del ladrillo

Se trata, una vez más, de historias del ladrillo. Al lado de tantas promociones inmobiliarias anónimas que languidecen sin habitantes, la Comunidad aparece salpicada de edificios señeros vacíos o a medio construir. Se concibieron como símbolos de poder, y han terminado siéndolo de crisis.

La capital no ha sido el único municipio de la región con proyectos por encima de sus posibilidades. Tampoco el Partido Popular ha estado solo a la hora de impulsar planes temerarios desde las instancias en las que tenía poder. En Alcorcón (168.523 habitantes) se levanta el Centro de Creación de las Artes (CREAA), gran contenedor cultural del que Enrique Cascallana, exalcalde socialista de la localidad, dijo que iba a ser “un Guggenheim” en pleno Cinturón rojo. El complejo, de 66.000 metros cuadrados, aspiraba a situar la localidad como centro de la industria cultural. Incluye un auditorio con 1.500 butacas, un escenario de circo de 600 localidades, dos salas de exposiciones y un área de congresos con 1.292 metros cuadrados. También caballerizas.

El CREAA está ubicado en el barrio obrero de San José de Valderas. Son nueve edificios de arquitectura vanguardista pero contenida. Bajo los voladizos de acero y cristal de las fachadas, el suelo se encuentra cubierto de malas hierbas, y a través de las ventanas pueden verse huecos en el techo de los que penden caracoles de cables. La espalda del complejo es una loma que debería estar cubierta de césped como si fuera una prolongación del parque adyacente. En la práctica, solo hay hierba pajiza, vallas y un nuevo retén de vigilancia con el que evitar que continúen entrando grafiteros a firmar los paneles de vidrio de la torre del circo.

Las obras siguen congeladas a pesar de que la inauguración se fijó para 2011. Faltan 40 millones para terminar y se han invertido ya 100. La financiación dependía de Emgiasa, una empresa municipal encargada de construir la vivienda pública que impulsó el crecimiento del municipio, pero que ahora se encuentra con una deuda de 333 millones. El actual Consistorio (PP) asegura que el edificio, listo al 70%, estará terminado antes del final de la legislatura, pero que hasta que el Consistorio no aligere sus deudas (unos 500 millones) no tienen dinero para recomenzar los trabajos. En el PSOE afirman que estos se detuvieron sin necesidad porque la estrategia de los populares pasa por escenificar que la gestión de Cascallana ha sido errónea, y que David Pérez, el nuevo alcalde, terminará las obras a tiempo de apuntarse el tanto.

En el Ayuntamiento admiten que no solo ignoran cómo acabar el complejo: tampoco tienen del todo claro con qué llenarlo. Aseguran que será de uso público y que están muy avanzadas las conversaciones con dos empresas para cerrar un patrocinio que permita a partir de este mismo año relanzar el proyecto. Una posibilidad es incluirlo en el circuito de centros de convenciones. “Es lo que ya están haciendo muchas instalaciones similares que ya funcionan en Madrid”, asegura un portavoz. Efectivamente, el descalabro de proyectos como el CREAA al menos ha permitido correr un tupido velo sobre lo relativo del éxito de muchas otras infraestructuras que sí consiguieron terminarse. Ahí están los 125 millones de la reforma del palacio Cibeles, la semidesierta Caja Mágica, o el estadio de la Peineta, a la espera de una oportunidad de redención mediante el Atlético de Madrid y los Juegos Olímpicos de 2020. En la misma liga juega el centro cultural Conde Duque, rehabilitado por 70 millones y que hace unos meses el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, definió como "un salón de bodas, bautizos y comuniones" porque continúa tan vacío que alquila sus espacios a cualquier acto privado mínimamente rentable.

En Boadilla del Monte (46.151 habitantes) conocen bien la distancia que media entre los proyectos y su materialización. Este año se rescindió el contrato de la Ciudad del Deporte. La obra ha costado 16,9 millones y está a medias. Arturo González Panero, antiguo alcalde e imputado en el caso Gürtel, adjudicó por 30,5 millones el mayor contrato de la historia del municipio: 45.000 metros cuadrados para un campo de fútbol, pista de atletismo, piscina y gimnasio. Tras numerosos giros contractuales y judiciales (Hispánica, la constructora original, también está implicada en la trama de Correa), las obras están detenidas y lo que ya se había levantado se presenta tan deteriorado que, si se retoman los trabajos, habría que rehacer mucho de lo ya hecho.

Una terminal subterránea

No siempre se obró con intenciones aviesas. El exceso de ego fue un ingrediente importante de los años del boom inmobiliario. Madrid siempre apostaba por lo más grande de lo grande. La estación intercambiador de Nuevos Ministerios se inauguró en 2002 como el mayor intercambiador de Europa, con un servicio que solo se ofrecía en Hong Kong: facturar en la estación de metro para que desde allí las aerolíneas transportaran las maletas al aeropuerto.

Se colocaron 34 mostradores con cintas de facturación, oficinas de venta de billetes, de alquiler de automóviles, una comisaría, un aparcamiento de 60 plazas y una bolsa de taxis. En la planta inferior, de 2.000 metros cuadrados, se ubicaron las instalaciones de tratamiento de equipajes y el muelle de carga.

Todo ese espacio ahora está vacío, los mostradores abandonados y el aparcamiento sellado con una cinta. La facturación en Nuevos Ministerios solo funcionó hasta principios de 2006. El servicio siempre fue deficitario, así que cuando se cortó temporalmente el metro para las obras de la T4, Iberia, Spanair y Air Europa aprovecharon para desmontar sus mostradores. Barajas no está tan lejos de la capital como para justificar el montaje; Nuevos Ministerios tampoco está tan céntrico. La facturación on line ha acabado siendo la solución preferida por los viajeros.

AENA asegura que no gastó nada en aquellas instalaciones más allá de las cintas de equipaje -que luego reutilizó en Barajas- y el concurso para transportar las maletas, cancelado tras el fin del proyecto. Metro no confirma cuánto dinero se invirtió en las obras ni qué se hará con el espacio vacío; solo apunta que fueron obras financiadas por la Comunidad.

Mientras, el vestíbulo de la terminal fantasma continúa vacío, con 34 mostradores que no operan. Todo está bajo tierra. Es otro de los cadáveres de la crisis.