Sin sueldo y sin poder

Dice Pedro Bruno, alcalde de Espelúy (Jaén), que lo que menos le importa, tras conocer el anteproyecto de la reforma de la Administración local, sería quedarse sin los poco más de 1.400 euros de sueldo mensual. Lo que de verdad le preocupa es el incierto futuro de miles de pequeños municipios que, como el suyo (de apenas 700 habitantes), han recibido un mazazo por parte del Gobierno central al reducirles las competencias a la mínima expresión y dejar abierta la intervención automática de los que sean inviables económicamente.

“Está claro que con esta reforma habrá municipios de primera y de segunda”, asegura Pedro Bruno, que cumple su tercer mandato y que es el único de los siete miembros de la Corporación (cinco del PSOE y dos del PP) que percibe una remuneración. El resto de los concejales cobra 60 euros por asistencia a cada pleno trimestral. Con la nueva normativa, los regidores de municipios menores de 1.000 habitantes perderían su sueldo. “Eso apartará a los ciudadanos de la política local, considera.

El Ayuntamiento de Espelúy se gestiona con cinco funcionarios, sin Policía Local. Pero con poco más de un millón de euros al año se prestan servicios como el agua o la recogida de residuos. Hay hasta recursos para un modesto plan local de empleo que ha generado 840 jornales entre 84 desempleados. Son servicios que tienen un coste para las arcas municipales y que con la nueva ley podrían pasar a otras Administraciones en base al déficit que llevan implícito. “Ningún servicio público es rentable, como mucho se pueden cubrir gastos”, señala.

Y, por esa misma regla de tres, se pregunta el alcalde si es rentable ofrecer cursos de gimnasia a las personas mayores; el taller de empleo, los colegios, el consultorio o las fiestas locales. “Si nos quitan las competencias, esos servicios tendrían que hacerlos otras Administraciones con lo cual el ahorro en el gasto será inexistente”, argumenta el alcalde de Espelúy. La estimación del Ministerio de Hacienda es que esta reforma suponga un ahorro de 7.000 millones de euros en todo el país, una cifra que, como señala Bruno, es la equivalente a la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Madrid. “Nos quieren hacer pagar a los pueblos pequeños la mala gestión de las grandes ciudades”, sostiene.

Tampoco se entiende en los pequeños municipios la intención del Gobierno de suprimir gran parte de los concejales, a pesar de que la inmensa mayoría no perciben sueldo. Son los casos, por ejemplo, de Francisco Fernández, edil de Obras y Agricultura, o Manuela Cobo, responsable de Cultura y Educación, dos de los cinco ediles del gobierno local de Espelúy. “A nosotros nos cuesta el dinero esta responsabilidad”, subraya Fernández, que lleva 20 años en la Corporación; “estamos aquí porque nos gusta ayudar a nuestro pueblo”, agrega Cobo, que compagina su tarea con el cuidado de su madre, acogida a la Ley de la Dependencia.

Según la estimación realizada por el PSOE, 509 de los 771 municipios andaluces estarían abocados a su desaparición o, en el mejor de los casos, a su intervención por el Gobierno central al superarse el nivel de deuda permitido. Bruno cree que la ley propiciará una privatización en cascada de servicios y reforzará el papel de los secretarios e interventores frente a los responsables políticos. Y, a su juicio, algo aún peor: “Se estaría vulnerando la democracia municipal al no tenerse en cuenta el voto de las pasadas elecciones municipales”. “El mensaje que se trasladaría a la población es que su voto no vale”, resume.