Los alcaldes fuerzan a Feijóo a pedir cambios en la nueva ley local

La indignación entre muchos de sus propios alcaldes ha forzado al PP gallego a dar pasos para reclamar cambios en la reforma de la Ley de Administración Local presentada por el Gobierno de Rajoy. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer equilibrios para mostrarse comprensivo con las reivindicaciones de los regidores y al mismo tiempo no desairar al Ejecutivo central. Feijóo confirmó, en todo caso, que su Gobierno presentará alegaciones al proyecto. Mientras, el partido trata de aplacar a los alcaldes con reuniones como la que mantuvo ayer el presidente del PP de A Coruña —y también regidor de la capital provincial— Carlos Negeira, con representantes municipales de toda la provincia. Encuentros similares se repetirán hoy en Lugo y mañana en Pontevedra.

 De puertas hacia fuera, el PP gallego transmite el mensaje de que el proyecto del Gobierno todavía puede sufrir importantes modificaciones y que su texto es “mejorable”. En privado, destacados dirigentes del partido coinciden con parte de las críticas manifestadas en público, y en algunos casos en términos muy duros, por alcaldes populares. Entre ellas, el rechazo a la supresión de las retribuciones para los regidores de municipios de menos de 1.000 habitantes. “Sería más razonable establecer un salario mínimo”, señala un relevante cargo provincial del partido, en línea con la propuesta que aprobó el pasado miércoles la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que acordó pedir que la ley garantice una retribución mínima de 40.000 euros para los máximos responsables de los ayuntamientos. De hecho, tras la reunión de ayer entre Negreira y los alcaldes coruñeses, el PP provincial hizo pública una declaración en la que anuncia su respaldo a las peticiones de la Fegamp. La nota recuerda que todavía hay margen para reformar el texto y reclama que el debate se desarrolle en términos “constructivos” para buscar “puntos en común en defensa del municipalismo gallego”.

Feijóo, por su parte, trató ayer de navegar entre dos aguas. Evitó sumarse a las peticiones de los alcaldes, pero al mismo tiempo anunció que su Gobierno está trabajando para enmendar el texto del Ejecutivo central. El presidente de la Xunta declinó pronunciarse sobre la conveniencia de suprimir el sueldo a los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes y tampoco quiso dar su opinión sobre la propuesta de un sueldo mínimo. Según Feijóo, es necesario compatibilizar la reducción de gastos en la Administración local con la garantía de que “ningún alcalde deje de serlo por una cuestión económica”. El presidente se felicitó por que la Fegamp apoye la idea de regular los sueldos para acabar con la situación actual, en la que los plenos municipales disponen de “potestad ilimitada” en la fijación los salarios. En ese sentido anticipó que las alegaciones de la Xunta irán en la línea de proponer criterios “objetivos y homologables” sobre las retribuciones de los representantes municipales.

Aunque el debate se ha centrado en la cuestión de los salarios, dirigentes del PP también asumen otras críticas al proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro. La propuesta de que los ayuntamientos costeen la cesión a las comunidades autónomas de los servicios sociales, educativos y sanitarios que han estado gestionando hasta ahora es inviable para las instituciones locales, admiten fuentes del PP. También suscita rechazo la idea de establecer un criterio estándar sobre el coste de cada servicio prestado por los municipios, a fin de establecer cuáles son eficientes y cuáles no. En el caso de Galicia, la aplicación de este criterio sin más matices castigaría a los ayuntamientos con la población muy dispersa, un factor que encarece el coste de los servicios. Las direcciones provinciales del PP trasladarán algunas de estas ideas a la Xunta para que las incorpore a sus alegaciones.