Testigos y peritos acusan a Iñaki González de falsear la contabilidad

La confianza puede acabar volviéndose en contra de quien la entrega. El caso de la empresa Talleres la Casilla contra el asesor fiscal Iñaki González, presidente de IG Consulting, puso ayer de manifiesto que, entre 2000 y 2005, el acusado de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por el que la fiscalía y la acusación piden cinco años de prisión, abusó de la de sus clientes. Las declaraciones de testigos y peritos en la primera jornada de la vista oral —que seguirá mañana y concluirá, salvo nuevo cambio el día 28—, incidieron precisamente en las irregulares cometidas por el asesor, no sólo con la empresa que en 2011 estaba en proceso de liquidación, sino también con Linetek SL, la ingeniería que sufrió unas deficiencias contables bajo su batuta que contribuyeron a precipitar el final de su actividad. Y puede haber más en los juzgados.

Los demandantes, los hermanos Diaux, propietarios de Talleres la Casilla, sostuvieron que ficharon a Ignacio González apremiados por una inspección de la Hacienda de Bizkaia que les obligaba a ingresar más de 120 millones de las antiguas pesetas, con multa e intereses por delito fiscal en 1995 y 1996. Bueno, en realidad quien le fichó fue José Luis Diaux el hermano de Alejandro que es quien llevaba el negocio hasta que sufrió un problema de salud incapacitante. “Confié en Iñaki González hasta darle poderes de firma para aquello que fuera relevante para la sociedad”, declaró José Luis. La confianza llegó a tal extremo que firmaba las cuentas sin verificarlas, y mientras tanto le seguía ingresando pagarés.

Los Diaux le reclaman

En los cinco años en que IG Consulting llevó su contabilidad, le ingresaron en pagarés más de 900.000 euros, según dijeron para saldar una deuda tributaria que tenían con Hacienda por aquella inspección —1995 y 1996— pese a que Talleres la Casilla pagaba mensualmente de sus cuentas por aquella deuda aplazada. En total, descontados sus honorarios por las igualas, los pagos a Hacienda y las devoluciones que hizo, los Diaux le reclaman 672.197 euros. El fiscal pide cinco años de prisión por falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.

Un peritaje encargado por el juzgado defenderá hoy que IG Consulting elaboró las facturas con posterioridad, con importantes discrepancias entre lo declarado en los formularios y las que presentó después al juzgado, y con importes de ventas declarados muy inferiores al registrado en los libros de facturas. Un desastre muy caro para los Diaux. González declaró, sin embargo, que sus gestiones “ahorraron mucho dinero” a sus clientes.