Ourense paga a la empresa de la Pokémon 1,3 millones sin contrato

El Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG, paga desde hace casi dos años facturas sin contrato a Vendex, el grupo empresarial sobre la que pivota la presunta trama corrupta investigada en la Operación Pokémon. Procedimiento de Aseo Urbano S.A., una filial de Vendex que gestiona la limpieza de las instalaciones municipales, ha cobrado desde mayo de 2011 más de 1,3 millones de euros a pesar de los constantes reparos emitidos por el interventor municipal tras expirar el contrato.

Esos reparos del alto funcionario que impedían ejecutar la orden de pago a la empresa, siempre han sido tumbados, en ejercicio de sus competencias, por el actual alcalde, el socialista Agustín Fernández, y por su predecesor, Francisco Rodríguez, en libertad bajo fianza tras ser imputado en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Precisamente, el entorno del exregidor aludía a este proceso como posible causa de su implicación cuando fue detenido, hace medio año. El servicio fue adjudicado en abril de 2009 a Vendex. Dos años después, en mayo de 2011, el contrato venció y desde entonces no ha sido renovado. Mientras, el Ayuntamiento sigue pagando a la empresa el servicio de limpieza en más de 70 instalaciones municipales. A comienzos de 2012, el gobierno local sacó a concurso el servicio por 814.000 euros anuales. A Vendex le pareció un presupuesto insuficiente, por lo que presentó un recurso de reposición. La Junta de Gobierno del 15 de marzo de 2012 le dio la razón y ordenó redactar otro más caro.

El pasado septiembre, seis días antes de la detención de Rodríguez, el exregidor firmó un nuevo presupuesto por 914.000 euros al año. Ahora, son 13 las empresas que optan al servicio. Según consta en el pliego, el valor estimado del negocio supera los tres millones de euros durante cuatro años. A raíz de este proceso todavía sin adjudicar, la juez de Lugo, Pilar de Lara, ordenó la imputación del funcionario municipal Ismael Méndez, jefe de servicio en la concejalía de Servicios Generales. La imputación del empleado público se formalizó dos meses después de que el interventor, Gonzalo Alonso, declarase como testigo tras denunciar irregularidades constantes en todas las facturas. La magistrada investiga si el segundo pliego de condiciones fue “hecho ex profeso” para Vendex. Tras la reclamación de la empresa, el jefe de servicio implicado ordenó la paralización del proceso y la redacción del segundo pliego, que elevaba el presupuesto. Según la investigación, también obran en poder de la juez, grabaciones de conversaciones telefónicas entre el funcionario imputado y el exalcalde detenido, en las que se hace referencia a la redacción de las bases de este concurso público.

Durante su mandato, Rodríguez esquivó los reparos del interventor sobre estas facturas por un importe de un millón de euros. En los decretos firmados por el exregidor se asegura que se desbloquean los pagos “atendiendo a la necesidad de proteger los derechos legítimos de los contratantes que se relacionaron de buena fe con la Administración municipal”. El actual regidor ha ignorado reparos por valor de 350.000 euros; el primero, solo 15 días después de acceder al cargo. En sus informes, el interventor advierte de que el servicio se está desarrollando “de forma irregular a pesar de su elevada cuantía económica”, ya que la actuación del gobierno local socialista destapa “una gestión de fondos públicos en clara contradicción de las normas y de los principios de contratación, y en particular los de publicidad, transparencia, libertad de acceso a las licitaciones, concurrencia, objetividad y selección de la oferta más ventajosa”.

El gobierno municipal explica que el servicio de limpieza será adjudicado “en dos o tres meses”. Y culpa del retraso de casi dos años a la sustitución del funcionario imputado, que se encuentra de baja médica tras un leve accidente de tráfico. Sin embargo, el funcionario solo participó en la redacción del segundo pliego de condiciones que incumple los plazos marcados. Fuentes municipales explican que el pago de las facturas con reparos “no supone ninguna ilegalidad, ya que el levantamiento de un reparo es una figura prevista en la legislación”. El grupo Vendex se ha convertido en el eje sobre el que pivota la presunta trama corrupta. La jueza investiga el pago de comisiones y la entrega de regalos a políticos de PP, PSdeG y BNG, así como a funcionarios. Al igual que en Ourense, las sospechas que acorralan al Ayuntamiento de Santiago también giran sobre una filial de este conglomerado empresarial, Sermasa, que gestiona servicios de limpieza, conserjería y control en centros educativos o polideportivos.