400.000 euros por un diagnóstico tardío de cáncer

La aseguradora de la Consejería de Sanidad indemnizará con 400.000 euros a un paciente de Orihuela (Alicante) que sufrió la amputación del fémur debido al diagnóstico y tratamiento tardío del cáncer que padecía, que no fue detectado en 29 meses, según ha informado la asociación El Defensor del Paciente en un comunicado.

En un auto del pasado 4 de febrero, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró terminado el procedimiento promovido por la defensa del afectado al haber alcanzado las partes un acuerdo.

El acuerdo comunicado a la Sala, con fecha de 9 de enero, explica que se ha alcanzado entre las partes un pacto transaccional por el que la aseguradora de Sanidad ha indemnizado al afectado con la cuantía de 400.000 euros. La cantidad ya ha sido satisfecha.

Según explica la asociación en un comunicado, el afectado es un hombre que tenía 44 años en el momento de los hechos y vecino de Orihuela. Comenzó a sentir un dolor en la pierna derecha en 1999, por lo que se le realizaron distintas pruebas que concluyeron que se trataba de problemas lumbares. En los años siguientes, los dolores "fueron a más", hasta el punto de que le impedían caminar y trabajar "con normalidad". A pesar de las pruebas, de acuerdo con esta información, se le seguían diagnosticando problemas de espalda atribuidos a una cirugía de hernia discal que se le había realizado.

Tras "múltiples" pruebas a lo largo de varios años, en 2007 una nueva resonancia de la pierna derecha arrojó como resultado una tumoración de siete centímetros de diámetro, sólida, con posibles calcificaciones periféricas y zonas de necrosis en su interior. La biopsia determinó que se trataba de un cáncer en estadio III, con tumor de alto grado, grande y profundo, que implicó que le amputaran el fémur.

Con posterioridad recibió radio y quimioterapia, a pesar de lo que en 2011 se detectaron múltiples nuevos nódulos pulmonares metastáticos por lo que fue sometido a toracotomía exploradora con intolerancia funcional al procedimiento quirúrgico por mala reserva pulmonar. Por estos hechos recibió la gran invalidez.

El afectado demandó a la sanidad pública valenciana por entender que la sintomatología que presentaba era "evidente" que inicialmente se podía achacar a un problema neurológico lumbar, pero radiológicamente no había signos de compromiso radicular y dada la clínica y la evolución que presentaba, "estaba más que indicada la realización de una ecografía o de resonancia de la pierna derecha, con la que hubiese podido ser diagnosticado, como se hizo en febrero-marzo de 2007".

Asimismo, sostenía que se debió indicar "ante la más que evidente discrepancia" entre la clínica de dolor en pierna derecha, las pruebas electromiográficas y radiológicas, el descarte de patología vascular y la reconfirmación de la no existencia de patología radicular derecha, "todo lo que supuso un retraso diagnóstico de 29 meses, desde noviembre de 2004 hasta abril de 2007".

El afectado alegaba que si se hubiera hecho el diagnóstico 29 meses antes, el tumor habría presentado "características que le hubieran conferido un mejor pronóstico, con un tamaño de menos de cinco centímetros y menos mitosis y necrosis, por lo que es muy posible que se hubiera podido evitar la amputación del miembro y haber realizado una cirugía de exéresis amplia o radical".

"Y de la probabilidad de supervivencia a los cinco años del 16% en el estadio III, se podía haber pasado a un 80% en el estadio I o, en el peor de los casos, a un 66% en el estadio II", alegaba.