La Generalitat proyecta el cierre de prisiones como medida de ahorro

En tiempos de recortes las prisiones también valen. El Departamento de Justicia de la Generalitat proyecta el cierre de algunas prisiones que considera obsoletas, así como no iniciar la construcción de otras ya programadas con el fin de recortar el gasto público. La decisión definitiva no está todavía tomada, pero el Gobierno catalán estudió ayer un informe que avala su actuación.

Ese documento se basa en un análisis estadístico de la población penitenciaria y en una serie de factores para concluir que hasta el año 2020 no harán falta más plazas penitenciarias de las que ya existen. Justicia argumenta que la capacidad de las prisiones catalanas es actualmente de 11.031 plazas y que, por el contrario, la población penitenciaria actual es de 10.015. Es decir, en un año se ha producido una reducción de un millar de plazas.

A este factor se suma una suerte de cuentas de la lechera que hace Justicia, al anunciar que a las 1.000 plazas que ya sobran en la actualidad se añadirán 2.000 plazas más con la puesta en marcha del centro del Puig de les Basses, en Figueres, y de Mas Enric, en El Catllar (Tarragona). Ambas prisiones están acabadas desde hace casi un año, pero no existe fecha para su supuesta inauguración, precisamente por los recortes presupuestarios.

Cada una de esas prisiones tiene capacidad para 750 reclusos, por lo que entre las dos sumarían 1.500 plazas y no las 2.000 que dice Justicia. Poner en marcha una prisión implica un gasto importante, derivado principalmente de la nómina de los centenares de funcionarios que hay que retribuir. Sin embargo, una cárcel vacía tampoco sale gratis, porque se ha de abonar la mensualidad que se pactó para su construcción, con el llamado derecho de superficie, además de los gastos derivados de su mantenimiento, como la seguridad del centro. Todo eso suma mensualmente un millón y medio de euros por cada prisión.

Una portavoz de Justicia explicó ayer que la decisión definitiva aún no está tomada y que “todo está abierto”, pero que la hipótesis que se maneja es cerrar la antigua prisión de Tarragona y la de Girona. No está descartado que la clausura se produzca sin que se hayan inaugurado las nuevas prisiones, de manera que los presos podrían ser trasladados a otros centros a la espera de la inauguración.

Lo que sí tiene descartado por completo el Gobierno de Artur Mas es construir la prisión de preventivos en la Zona Franca de Barcelona que debería sustituir a la vetusta Modelo y la cárcel de Tàrrega (Urgell), ambas planificadas en la época del tripartito.

El Departamento de Justicia argumenta que la población reclusa catalana se mantendrá en los próximos años en torno a los 10.000 presos por varios motivos. Uno de ellos es la llamada Circular de Extranjería que puso en marcha el Gobierno y que permite el regreso a sus países de los presos de origen inmigrante.

Durante el primer año de aplicación de esta circular volvieron a sus países un total de 525 reclusos. De ellos, 261 lo hicieron al finalizar el cumplimiento de la condena y con la correspondiente orden de expulsión y el resto por decisión del tribunal.

Para que los jueces autoricen el retorno es necesario que se tenga cumplida la mitad de la condena, con el fin de que la restante se acabe de cumplir en otro país. Pese a que la situación en aquellas prisiones no es mejor que en las españolas, algunos presos prefieren regresar porque confían en poder esquivar la cárcel utilizando el soborno a funcionarios.

Jaume Asens, abogado penalista, explica que ha tenido más de un cliente condenado por tráfico de drogas que ha optado por esa vía. El regreso se acuerda a cambio de que no vuelva a España en el plazo de diez años y es habitual que se otorgue cuando se demuestra que el preso no tiene arraigo familiar.

Los cambios en el Código Penal en los delitos por tráfico de drogas también han comportado la excarcelación de buen número de reclusos por la revisión de las penas, aunque Justicia no precisó ayer las cifras. Y otra de las causas es el estancamiento de los índices de delincuencia.

Pero más allá de todos esos datos, la cárcel Modelo seguirá abierta y en algunas celdas segurirán conviviendo hasta seis presos preventivos. La histórica reivindicación vecinal y del Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, se antoja cada vez más lejana de hacerse realidad. Fue en el año 2000, durante la etapa del gobierno de Jordi Pujol, cuando el entonces alcalde Joan Clos y la consejera de Justicia de la época, Núria de Gispert, firmaron un plan de prisiones para sustituir al antiguo presidio situado en el corazón de Barcelona.

El tripartito redactó, de la mano de Albert Batlle, el plan de prisiones más ambicioso que se ha hecho en Cataluña y reservó unos terrenos para la Modelo en el polígino de  la Zona Franca. Pero el regreso de CiU a la Generalitat hizo que el plan cayera en el olvido. Bajo el mandato de consejera Pilar Fernández Bozal se anunció que se rediseñaría la cárcel y se reduciría su capacidad y ahora parece que ni siquiera eso por falta de presupuesto.

Lo que no parece cuestionable es que una cárcel de preventivos no puede situarse muy alejada del centro de Barcelona porque el traslado de presos a los tribunales es continuo.