Un funcionario de Estepona pide amparo por supuesto acoso laboral

José Manuel Duarte, que ejerce como secretario adjunto del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) desde 2004, ha pedido a la Junta de Andalucía que intervenga ante un supuesto caso de acoso laboral con el que, asegura, pretenden apartarle de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad. El equipo de gobierno de José María García Urbano, del PP, le ha abierto un abultado expediente disciplinario por tres faltas muy graves y otras tres graves por las que podría perder su empleo. Entre otros episodios, se investiga una supuesta dejación de funciones, el trato degradante a sus subordinados o unas declaraciones en las que dudó de la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado a 176 trabajadores del Consistorio. La medida puede durar un máximo de seis meses, tiempo suficiente, según el Estatuto Básico del Empleado Público, para enfrentarse a una pérdida de destino.

En un escrito dirigido al vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU), el afectado alerta de que el alcalde está “invadiendo competencias autonómicas” y pretende destituirle para “eludir cualquier interferencia en sus actuaciones políticas”.

Este mismo funcionario denunció en enero de 2012 al equipo de gobierno del PP por supuestas irregularidades en la gestión municipal, pero la delegación malagueña de la Junta archivó el caso. Nueve meses después de esa denuncia, le abrieron el expediente disciplinario. El trabajador está apartado de su puesto de forma cautelar mientras se instruye.

Las luchas internas forman parte del quehacer diario en el Consistorio esteponero. En 2007, el municipio fue epicentro de la Operación Astapa contra la corrupción, todavía en instrucción. Entre los 109 implicados del caso hay técnicos municipales y funcionarios, como el actual secretario, José Gustavo Rubio. Todos continúan trabajando en dependencias municipales. El equipo de García Urbano, en el gobierno desde 2011, siempre ha negado las irregularidades y atribuye las denuncias a viejas “rencillas” del secretario adjunto.

Un mes después de que José Manuel Duarte interpusiera su primera denuncia a la Junta, el alcalde le quitó las competencias de “autorización y disposición de gastos”. En todo momento se negó que se tratara de una represalia. Mantuvieron que pretendían liberarle de esta tarea “repetitiva y ordinaria”.

El expediente disciplinario abierto al secretario adjunto le retrata como un trabajador con una “obsesión nunca correspondida” con el equipo de gobierno. El alcalde encomendó al exedil popular Ricardo Galeote, cargo de confianza implicado en el caso Gürtel, que colaborara en sus tareas de inventariado del patrimonio municipal. Galeote relató su experiencia con un informe en el que destacó las ausencias “continuas y dilatadas” de Duarte y calificó su trato con el personal de realmente “grotesco”. Con respecto a la relación con sus subordinados, el Ayuntamiento considera “hechos probados”, basándose en las declaraciones de tres personas, que se suele referirse a ellos de forma peyorativa, con apodos como “médico de familia” o “astronautas”, y que llama “dictador” al alcalde e “imputado” al secretario municipal.

El vicesecretario envió su petición de auxilio al vicepresidente de la Junta el 1 de febrero. En el escrito, de nueve páginas, le cuenta que el pasado 11 de octubre dos policías locales le estaban esperando en la puerta del Ayuntamiento para notificarle un expediente disciplinario. Hacía justo un día que había testificado en un juicio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el ERE que pretendían aplicar era ilegal. “He recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (…) sin embargo no es posible obtener la tutela judicial efectiva hasta que recaiga la sanción definitiva”, explica. Duarte considera que, cuando esto ocurra, será demasiado tarde. “El alcalde ya habrá conseguido su pretensión de destituirme, como así de claro me manifestó”, asevera en su carta.