Botella y González disienten sobre la solución al embrollo legal de Valdebebas
El Ayuntamiento pide un cambio normativo para adelantar seis meses la solución a la sentencia del Supremo que anuló 21 ámbitos urbanos La Comunidad asegura que no es necesario para conceder las licencias de primera ocupación
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), envió dos recados el pasado martes a Ignacio González y a su predecesora al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sentados ambos a escasos metros de distancia en un acto público.
Pidió en primer lugar un cambio en la ley regional del suelo para evitar que “los intereses de un particular” mantengan en el aire el ordenamiento urbanístico de la ciudad durante décadas.
Se refería a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en septiembre gran parte del plan general de 1997, un problema mayúsculo que el Ayuntamiento comenzó a resolver hoy y prevé tener solventado en agosto.
Pero para entonces, cientos de familias llevarán ya medio año esperando en Valdebebas sus casas, listas para recibirles pero cerradas por falta de licencia merced a esa sentencia.
Para evitar esta demora, Botella ha hecho otra petición a la Comunidad: una modificación legal para poder entregar las licencias de primera ocupación a partir de marzo, cuando empiecen a terminar las obras en ese barrio.
Preguntado sobre esta cuestión, un portavoz regional ha destacado la colaboración entre las tres Administraciones a la hora de resolver este embrollo urbanístico, pero ha añadido que, según su interpretación, el Ayuntamiento podría recepcionar las obras y entregar esas licencias sin necesidad de cambio legal alguno.
Fuentes municipales ya habían indicado que estuvo en manos de Ignacio González solventar el abismo abierto por la sentencia de un plumazo, merced a su capacidad legislativa, pero declinó hacerlo, por razones jurídicas, abocando al Ayuntamiento a la tarea titánica de redactar medio plan urbanístico, una labor que lleva habitualmente años, en cuestión de meses.
Tarea titánica, por lo demás, que debe emprender por su ineficacia anterior, pues el Supremo tumbó parte de su plan del 97 por no razonar adecuadamente la urbanización de espacios protegidos, y también la argucia legal con la que intentó atajar años después (en connivencia con Aguirre) el primer correctivo del alto tribunal.
Un error cartográfico
La sentencia definitiva paralizó 21 ámbitos de la ciudad, en los que no se puede realizar ahora ningún acto administrativo (licencias, etcétera). La situación más preocupante es la de Valdebebas porque es el más avanzado: hay cerca de 2.000 viviendas casi listas, que deberían entregarse este año. Sin el nuevo plan parcial que hoy ha aprobado en primera ronda la Junta de Gobierno local, será imposible.
En total, hay 9.076 familias afectadas por la sentencia: 5.000 en Valdebebas; 2.200 en Los Berrocales; 1.548 en Los Ahijones; y 319 en Arroyofresno. En toda la superficie paralizada por la sentencia hay sólo 5.042 viviendas en ejecución, de las más de 300.000 previstas en el plan de 1997.
En paralelo a la redacción de esta modificación urbanística, el Ayuntamiento ha pedido al Supremo que indulte el ámbito de Arroyofresno, en el que no había suelo protegido y, por tanto, no podía estar mal razonada su urbanización.
El área de Urbanismo achaca su inclusión a un error: la cartografía estaba en blanco y negro, asegura, y además un recurso gráfico para señalar suelo protegido en otro ámbito se plantó sobre Arroyofresno porque no cabía en otro sitio del mapa.
