El caos de la renta mínima, de nuevo la principal queja al Síndic de Greuges

La tormenta social que provocó la polémica revisión de la renta mínima de inserción (RMI) en agosto de 2011, que dejó a miles de personas sin cobrar una ayuda de 420 euros, todavía no ha remitido. Fue el primer motivo de queja al Síndic de Greuges ese año y lo ha seguido siendo en 2012.  

Rafael Ribó, que ha entregado hoy su informe anual al Parlament, ha destacado que  "estamos en una situación muy al límite. Los ajustes presupuestarios han dejado a miles y miles de personas [sin cuantificar cuántas] al borde de la vulnerabilidad". Una situación que el Síndic viene denunciando desde hace tres años y que ahora "está empeorando por la ausencia de coordinación entre las administraciones". Ribó ha advertido también que "el corazón del sistema social se verá irremediablemente afectado si el Gobierno central impone el déficit público al 0,7 % a la Generalitat" de Cataluña.

Este organismo recibió 858 quejas, de un total de 8.231, relacionadas con el impago de la ayuda que perciben las personas sin otros recursos. El informe asegura que los problemas con la renta mínima "se han intensificado" en 2012. Los motivos, ya sean impago o retrasos en las resoluciones, coinciden básicamente con los del año anterior, pero por "la cantidad de quejas y la gravedad de las situaciones descritas", dice la Sindicatura de Greuges, "han empeorado los derechos de las personas afectadas", que "aun no han cobrado las cantidades que les corresponden desde agosto de 2011", ha asegurado Ribó.

Los temas sociales copan las quejas recibidas por el Síndic. Y no solo por la renta mínima, sino también en referencia a la pobreza infantil, la inserción laboral de las personas con discapacidad, la salud, la igualdad de oportunidades en la educación y la vivienda."La ausencia de respuestas claras en el tema de la vivienda está generando decepción entre la ciudadanía".  Sus propuestas: modificar la legislación para evitar que tras un desahucio se tenga que pagar la plusvalía y dedicar el 30% de los pisos de las entidades financieras intervenidas a fines sociales.  

Otras protestas reiteradas al Síndic fueron la coacción administrativa (543), es decir la indefensión del ciudadano ante los actos y decisiones de las Administraciones que les afectan, por ejemplo en los recursos ante multas de tráfico; y las protestas por el suministro de servicios básicos. De las 736 quejas recibidas por este motivo, el 33% corresponde a a luz, telecomunicaciones, telefonía e Internet (27,6%), agua (14%) y gas (12%).

El Síndic, que ha recibido un 38,7% más de quejas desde el inicio de la crisis, atendió a 38.468 personas en 2012. La mayoría, 66%, eran consultas frente al 32,8% de quejas. En 155 casos (0,6%) fueron actuaciones de oficio.

Rafael Ribó ha alertado también de que la democracia peligra en España por la ausencia de una ley que regule el derecho de los ciudadanos a la información, y fomente la transparencia. En su opinión, su ausencia es "injustificable". Como lo es también que Cataluña, con capacidad para regular, y España estén en el furgón de cola junto a Chipre. "Se debe permitir siempre el acceso y las excepciones deben ser reguladas. Ninguna institución puede quedar fuera de la normativa".