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La alerta sanitaria permite intervenir en la huelga de basura en El Coronil

Una empresa pública recoge los residuos acumulados tras un mes de paro

El dispositivo actuó escoltado por la Guardia Civil para evitar a los piquetes

Fotografía cedida por el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) que muestra la basura acumulada por la huelga. Ampliar foto
Fotografía cedida por el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) que muestra la basura acumulada por la huelga.

Un dispositivo de la empresa Tragsa empezó en la madrugada de ayer a recoger las 400 toneladas de residuos acumulados en las calles de El Coronil (Sevilla, 5.300 habitantes) tras 34 días de huelga en el servicio de basuras. El Ayuntamiento contrató la intervención de la empresa pública estatal después de que la Consejería de Salud y Bienestar Social decretase el domingo por la tarde el estado de riesgo sanitario en todo el municipio.

 A media tarde de ayer, los operarios de Tragsa habían recogido alrededor del 70% de la basura acumulada en este municipio de la sierra sur de Sevilla. El dispositivo fue escoltado por más de un centenar de agentes de la Guardia Civil para evitar que se repitieran los problemas que se vivieron el pasado sábado cuando los operarios de Tragsa tuvieron que dar marcha atrás a las puertas del pueblo al encontrarse con una concentración ciudadana que les impedía el acceso. Salud había alertado ya la semana pasada de riesgo sanitario en varios puntos de El Coronil, pero el domingo lo extendió a toda la localidad después de que los técnicos sanitarios detectaran presencia de roedores y residuos en estado de descomposición que impedían el paso por algunas calles.

Cuatro de los cinco trabajadores de la limpieza están de baja 

La actuación de las excavadoras permitió recuperar ayer algo de normalidad al municipio, aunque el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderado por el exalcalde Diego Cañamero, mantiene activada la huelga indefinida en la recogida de basura que convocó hace más de un mes en protesta por la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio, gestionado directamente por el Ayuntamiento.

El alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), sostiene que esta anulación viene impuesta por la tasa cero de reposición ordenada por el Gobierno central, pero asegura que en los últimos días se ha alcanzado un acuerdo para que los vecinos inscritos en esa bolsa pasen a otra que se utilizará para los planes de emergencia de contratación que pagan la Diputación y la Junta. “Con nuestra bolsa hacíamos 24 contratos al año y ahora vamos a poder hacer unos 120. Al SAT se le acaba la excusa que utiliza para mantener la huelga”, asegura Guerrero.

El líder sindical, sin embargo, afirma que el alcalde ha hecho en los últimos seis meses 18 contratos con fondos municipales. “Pretende cargarse una lista con 12 años de antigüedad para meter a los suyos”, sostiene Cañamero. Las posturas están tan distanciadas como hace un mes, por lo que previsiblemente la basura empezará a acumularse de nuevo a partir de mañana. El problema añadido ahora es que no hay personal para cubrir los servicios mínimos. El servicio de recogida de basura tiene cinco trabajadores, de los que cuatro están de baja. Los empleados nunca se mostraron partidarios de la huelga y el alcalde asegura que todas las bajas son “por razones psicológicas”: “Han sufrido presiones y lo han denunciado, querían salir a trabajar y los piquetes no se lo permitían”, subraya Guerrero, que teme que la huelga va a continuar en los próximos días. “El SAT se inventará algo para seguir. Porque esto no es un conflicto por razones laborales, quieren conseguir así lo que no consiguieron en las urnas”, afirma el alcalde, en referencia a la victoria del PSOE en las elecciones de mayo de 2011 frente a IU, formación con la que Cañamero fue alcalde de El Coronil.

Si, como se prevé, la basura vuelve a acumularse, Guerrero pedirá permiso a la Junta para poder contratar a Tragsa para cumplir los servicios mínimos. “Con cuatro trabajadores de baja no podemos cumplirlos”, advierte el alcalde, que confía en que se autorice su medida, sobre la que se está elaborando ya un informe jurídico. Otro informe sirvió ayer de respaldo al gobierno municipal para denunciar la huelga ante la delegación provincial de Empleo. Según este informe, el paro es “ilegal” porque ninguno de los cinco miembros del comité de huelga son trabajadores del Ayuntamiento.

El SAT, por su parte, emitió un comunicado en el que admite la alerta sanitaria “confirmada legalmente por los técnicos sanitarios”, aunque muestra su rechazo a que los operarios de Tragsa empezaran a trabajar de madrugada. “Las autoridades sabían que no iba a haber ningún problema porque incluso habíamos comunicado nuestra voluntad para colaborar”, asegura el sindicato.