El juez ordena el procesamiento del ‘superdelegado’ de la Xunta en Ourense

Al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se le abren los frentes por supuesta corrupción en el partido y en las instituciones públicas. En el epicentro de la mediática imputación del exbarón José Luis Baltar —el jueves declaró ante el juez acusado por la fiscalía de un supuesto delito de prevaricación relacionado con el congreso provincial del partido que ganó su hijo— el hombre de confianza de Feijóo en Ourense, el delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, se sentará en el banquillo acusado de los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La situación judicial del superdelegado ourensano, que arrastra esta acusación desde 2006, ha dado un salto cualitativo: acaba de pasar de imputado a procesado por falsificar, supuestamente, un documento y cobrar —en su condición de presidente del grupo de acción local Ceivam— subvenciones de obras financiadas por la UE , por más de 51.000 euros, que “nunca llegaron a ejecutarse”.

Siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente de Ceivam, Martínez certificó ayudas europeas del plan Leader para la construcción de las instalaciones de una nave de biomasa en su municipio que, según la acusación —PSOE y BNG— y la fiscalía, ya existían. Ello supone el reconocimiento de que el dinero percibido por el grupo de desarrollo local fue desviado y que el representante de la Xunta en la provincia “falsificó” para ello un documento.

La fiscalía, que desde que se abrieron las diligencias insistió en la prescripción del delito, reconoció en 2010 que Martínez pudo haber incurrido en falsificación. El ministerio público secundó entonces la tesis de los demandantes pero insistió en pedir el sobreseimiento de la causa por considerar prescrito el delito. Ni el fiscal ni la defensa del superdelegado negaban la comisión de la falsificación, sino que alegaban que desde 1999 (fecha de solicitud de la subvención) y hasta que se registró la denuncia, en 2006, se habían superado los cinco años de plazo que marca la ley. La acusación entendía que el delito estaba vigente argumentando que debían contabilizarse los años transcurridos desde que el superdelegado cobró la subvención, no desde que la pidió.

Tras los consecutivos archivos y aperturas de la causa y el paso por el juzgado de Instrucción de Ribadavia de tres jueces distintos, el actual, José Luis Deaño, dio la razón el año pasado a la defensa y a la fiscalía y acabó archivando igualmente la denuncia. La acusación recurrió y la Audiencia de Ourense ordenó la reapertura. Los abogados de Martínez volvieron a recurrir. El proceso parecía interminable. El jueves pasado, Deaño dio marcha atrás en el archivo y sobreseimiento ateniéndose a la advertencia de la Audiencia provincial que ve “indicios delictivos”. La decisión supone el rechazo a la última petición de archivo realizada por la defensa del superdelegado el pasado día 5 y que en esta ocasión —invalidado ya el argumento de la prescripción del delito— argumentaba que la subvención de la UE se había invertido en las obras. El letrado del superdelegado alegaba en su petición de sobreseimiento de la semana pasada que “no existen indicios sólidos” que permitan apreciar “más allá de la mera sospecha” de que los 51.000 euros de la UE fueron desviados, aún cuando la Audiencia Nacional ya había condenado en firme en 2007 a Martínez, en la vía administrativa, por este mismo delito obligándole a la devolución del importe no acreditado y certificado como gasto con su firma. La defensa de Martínez alegaba, además, para obtener el archivo de la causa, que “no hay pruebas que permitan deducir que no se adquirió la maquinaria” y cita el testimonio de cinco personas que aseguraron haber trabajado en la construcción y acondicionamiento de la planta de biomasa.

Mientras la Audiencia Provincial insistía (lo ha hecho en dos ocasiones) en que se reabriera la causa, el procedimiento no hizo más que dilatarse. La última vez cuando el juez de instrucción determinó que lo juzgara un tribunal popular, a lo que se opusieron los demandantes. Finalmente (y otra vez mediante la intervención de la Audiencia Provincial) Martínez se sentará ante un tribunal integrado por magistrados para que juzguen si el procesado cometió o no los delitos.

Según la documentación aportada por los demandantes, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Martínez era socio mayoritario, pidió una ayuda para construir la planta. Dos meses después se hizo con la cesión de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento, firmado por el Ayuntamiento de Arnoia del que el superdelegado era entonces alcalde, y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo consta, como instalación existente en la finca, una edificación, la misma nave de biomasa para cuya construcción el superdelegado pidió y recibió después la subvención a la UE.