¿Las familias deben pagar el IVA?

Informaciones aparecidas en EL PAÍS han inducido a concluir sobre la existencia de un fraude por el IVA de los comedores escolares y a la implicación de la Fundació Catalana de l’Esplai en todo ello.

La acusación, gravísima y ajena a la realidad, lesiona la credibilidad de la Fundació y la de muchas entidades del tercer sector.

La información mezcla, en un contexto de corrupción, dos cuestiones distintas: la denuncia penal interpuesta por un empresario de la hostelería, y por otra parte, el debate sobre la aplicación del 21 % del IVA en las actividades educativas y sociales.

Sobre la denuncia por fraude, el mencionado empresario denunció a la Fundació por defraudar al Estado al no liquidar el IVA en los comedores escolares. La Fundació y la mayoría de las organizaciones del tercer sector no repercuten el IVA a las familias al estar exentas por ley. Tampoco pueden deducirse el IVA soportado.

No hay, pues, fraude posible. Un fraude es una estafa, quedarse el dinero de otro, un engaño. La Fundació no ha cobrado IVA a las familias por lo que no puede haberse quedado un dinero que no ha recaudado. No hay engaño, pues explicitamos que no cobramos este impuesto de acuerdo con la ley y la resolución de la AEAT. La transparencia en nuestra gestión es total con auditorías externas y controles públicos. Pagamos el IVA como consumidores finales que somos y, además, a diferencia de la empresa mercantil, no podemos deducirlo. La exención beneficia a las familias, no a las entidades exentas.

El denunciante ha sido apartado como parte acusadora por la Audiencia de Barcelona y la Fundació ha solicitado el sobreseimiento de la causa.

En relación con el 21% del IVA en las actividades educativas y sociales. La cuestión es es si hay que repercutir el IVA a las familias en las actividades educativas y sociales.

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo. La Ley del IVA deja fuera del gravamen determinadas actividades entre las cuales se encuentran los servicios de salud, educación y servicios sociales prestados por las administraciones públicas y las entidades de carácter social. La exención del IVA a estas instituciones protege a los ciudadanos y sus derechos. De una manera particular, las actividades de protección y formación de la infancia y la juventud.

¿A quién interesa gravar con IVA estas actividades? Sin duda, no a la población afectada. Menos aún a las familias en paro y con problemas para llegar a fin de mes. Dos intereses confluyen en este momento: el sector de la hostelería, que considera que pierde competitividad y negocio con relación a las escuelas y las entidades sociales que prestan este servicio educativo, y por otra parte la Agencia Tributaria que hace una interpretación restrictiva de la Ley interesada en recaudar cuanto más mejor.

Gobierno y oposición deben tomar cartas en este asunto, que afecta a la vida cotidiana de la infancia del país y plantear al Gobierno del Estado que reafirme el carácter público y social de estas actividades.

Carles Barba es vicepresidente de la Fundació Catalana de l'Esplai.