El PP moviliza al Gobierno para denunciar al Ayuntamiento de Ourense

El PP ourensano sirve la venganza en plato frío. Tras lustros de constantes denuncias sobre los enchufes de Baltar y con el cacique desfilando ante el juez, el PP llevará a los tribunales contrataciones ilegales en el Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG. Y lo hará con dos frentes. El Gobierno central impugnará ante el juzgado contencioso-administrativo ocho contratos presuntamente ilegales y el PP de Baltar denunciará a los socialistas por prevaricación continuada.

 El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha ordenado impugnar ante el juez cuatro decretos del Ayuntamiento ourensano que permitieron contratar temporalmente a ocho personas en febrero, junio y julio de 2012. Juárez formaliza la impugnación tras un informe de la Abogacía del Estado que certifica el incumplimiento de la ley. El documento explica que esas contrataciones vulneran el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que prohibió realizar contrataciones sin una justificación de urgencia. El abogado del Estado también refleja una actitud de “desviación de poder” por parte del organismo local.

Y ojo por ojo, diente por diente. El PP baltarista denunciará a los responsables de los contratos por prevaricación continuada. El número dos de Baltar hijo, Rosendo Fernández, explica que aunque es “alérgico a acudir a los tribunales”, no le ha quedado “más remedio ante tantas insumisiones y vulneraciones de las leyes”. “No se justificó su urgencia”, alega. El PP también ha exigido al alcalde ourensano, Agustín Fernández, el cese de la edil no electa responsable de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta. Cuando se formalizaron estas contrataciones, Fernández todavía ejercía como concejal de Economía y Hacienda. Tras la detención del exregidor Francisco Rodríguez, ascendió a la alcaldía.

El Ayuntamiento defiende la “absoluta legalidad” de estos contratos. La edil de Personal explica que “permitieron garantizar la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos” como “la apertura de colegios y otros servicios”. La institución asegura que no tiene notificación sobre las denuncias, pero matiza que si los contratos llegan a los tribunales “aprovechará esa magnífica ocasión para defender el carácter esencial de estas actividades”. La concejal explica que “cuando los niños bajan cada mañana del transporte escolar frente a sus colegios, las puertas deben estar abiertas para que puedan entrar en las aulas y para evitar cualquier riesgo”. El gobierno local justifica que, por ejemplo, los conserjes contratados fueron imprescindibles para “garantizar la integridad” de los niños en las guarderías de cinco centros cívicos municipales.

Los cuatro decretos que serán impugnados sirvieron para colocar a cuatro conserjes, un ingeniero técnico y tres operarios de cementerios. Sin embargo, ninguno fue destinado a centros escolares, ya que los puestos fueron solicitados por las concejalías de Cultura y Servicios Sociales. El Ayuntamiento, emulando el éxtasis enchufador del baltarismo, contrató entre febrero y noviembre del pasado año a 22 conserjes y porteros, que repartió por diferentes edificios municipales. Los servicios jurídicos del PP todavía estudian el alcance de la querella por prevaricación continuada, ya que los decretos están firmados por la concejala no electa. Todos salvo uno, que lleva la rúbrica del exalcalde, en libertad bajo fianza tras ser imputado en la operación Pokemon por e cohecho y prevaricación. El PP sospecha que las contrataciones tienen reparos de la intervención municipal, por eso han solicitado todos los documentos del caso.