El Gobierno denunciará al Ayuntamiento de Ourense por sus contrataciones
El Ayuntamiento defiende la "absoluta legalidad" de las contrataciones que han servido para "abrir colegios" en la ciudad
La Abogacía del Estado y el PP llevarán a los tribunales al gobierno municipal del Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG, por incurrir en supuestas irregularidades en la contratación de personal al no cumplir el real decreto del Gobierno aprobado a finales del pasado año. Por parte de la Abogacía del Estado, se seguirá un proceso contencioso-administrativo para impugnar una total de ocho contrataciones temporales que no habrían cumplido con la legislación vigente, según ha asegurado el PP. Asimismo, investiga otra 34 contrataciones, a petición de los populares, que podrían incurrir en ilegalidad.
En rueda de prensa, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, ha explicado que los pasados días 31 de octubre de 2012 y 23 de enero de este año, el PP registró sendos escritos ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense para solicitar que se investigase una posible vulneración del Real Decreto del 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en virtud del cual se "prohibía al Ayuntamiento realizar contrataciones sin la justificación de urgencia".
Como consecuencia de esta denuncia, la Abogacía del Estado impugnará por vía contencioso-administrativa un total de ocho contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Ourense "en las que no se justificó su urgencia", según ha expuesto el portavoz popular. De hecho, ha apuntado que en la orden firmada por el delegado del Gobierno en Galicia que posee el PP "hace 48 horas" se recoge la contratación de un conserje, un ingeniero técnico, dos operarios de cementerios, y otros tres conserjes de edificios municipales en las que el gobierno municipal "no justificó su urgencia inapelable".
Desde el Ayuntamiento han defendido la "absoluta legalidad" en la contratación temporalmente de personal para "abrir colegios" en la ciudad u "otros servicios" que consideran "esenciales". La responsable de Personal, la edil no electa Carmen Rodríguez Dacosta, ha señalado que las contrataciones realizadas por el consistorio son "completamente legales" y que las mismas "permitieron garantizar la prestación de servicios esenciales los ciudadanos".
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