Los partidos acusan a Bildu de practicar el “apartheid” en el Consorcio de Residuos

El problema de las basuras volvió a escenificar ayer la división, cada vez mayor, existente entre Bildu, que controla las principales instituciones de Gipuzkoa, y el resto de los partidos. La ofensiva de la oposición que forman PNV, PSE y PP llegó por partida doble. Por un lado, los representantes de las Mancomunidades de San Marcos, Debabarrena y Txingudi, presididas por los socialistas, acusaron a la coalición abertzale de practicar un “apartheid político” en el Consorcio de Residuos (GHK por sus siglas en euskera) al impedir la entrada de la de Txingudi (Irún y Hondarribia), que representa el 11% de la población del territorio.

En esa rueda de prensa, los presidentes de las tres Mancomunidades —Denis Itxaso (San Marcos), Arcadio Benítez (Debabarrena) y José Antonio Santano (Txingudi), todos ellos socialistas— y el vicepresidente de esta última, el peneuvista Aitor Kerejeta, criticaron a los responsables del Consorcio, en manos de Bildu, por “marginar” a la comarca del Bidasoa (unos 80.000 habitantes) con el fin de “buscar mayorías ficticias”. Las tres entidades supramunicipales agrupan al 63% de la población guipuzcoana, aunque sin capacidad para arrebatarle a Bildu el control del consorcio.

Santano explicó que Txingudi se halla fuera del consorcio tras verse inmersa desde 2009 en “un enredo judicial” que ha llegado hasta el Supremo. Este tribunal debe resolver el recurso de casación presentado por el expresidente de San Marcos Ricardo Ortega, “con el apoyo de Bildu”, según matizó, contra una sentencia del Superior vasco que admitió su incorporación a GHK. Los rectores de Txingudi han enviado una carta al consorcio comunicando que, mientras sigan fuera de este organismo, no se hacen responsables de las consecuencias económicas y legales que pueden acarrear las decisiones que está adoptando Bildu en materia de residuos.

La semana pasada, el presidente de GHK, Juan Carlos Alduntzin, criticó que la financiación de la incineradora de Zubieta se había “blindado” con los bancos para hacer irreversible su construcción. Acusó de ello a sus antecesores, y especialmente al exdiputado Carlos Ormazabal, del PNV.

En otro choque de trenes, PNV, PSE y PP volvieron ayer a la carga con esta infraestructura y unieron sus votos en las Juntas Generales para exigir al Gobierno foral de Bildu que ejecute la partida de 17 millones prevista en las cuentas de este año para construir las infraestructuras previstas en el plan de residuos, entre ellas la incineradora.