Los testimonios de funcionarios cercan a Baltar ante su cita con el juez

José Luis Baltar acude esta tarde a su cita con el juez de Ourense Leonardo Álvarez, que instruye la querella por prevaricación del fiscal contra el exbarón del PP, después de tres rondas de declaraciones judiciales de funcionarios de la Diputación que, en algunos casos, han dejado en una embarazosa posición a su antiguo jefe.  La última, la de José María Baños, antiguo interventor de la Diputación y exhombre de confianza de Baltar, que ha arrojado toda clase de dudas sobre los 104 contratos laborales que investiga el juez. Según el interventor, la institución no tenía dinero para asumir esa cantidad de personal nuevo en 2010, en vísperas del congreso provincial del PP en el que Baltar trataba de ceder la presidencia del partido a su hijo.

La euforia contratadora de afines al PP -con capacidad para ser compromisarios en el congreso de la sucesión del baltarismo- que se desató en la Diputación de Ourense en el entorno de ese cónclave, no fue sino la euforia contratadota de Baltar padre. Los dos altos funcionarios de la institución en aquel momento (el secretario, Francisco Cacharro, y el interventor, José María Baños) no dejaron dudas ante el juez. Ambos responsabilizaron de ello al exbarón. Reconocieron que el entonces presidente de la Diputación autorizó entre enero y marzo de 2010 más de 100 contratos eventuales, la mayoría vinculados al PP, sin los informes necesarios perceptivos de sus respectivos departamentos. Sus declaraciones pueden sumar, a la de la prevaricación, una querella por malversación contra el extodopoderoso Baltar.

El interventor aseguró ante el juez que se enteró a posteri de esas contrataciones masivas y que comunicó alarmado al secretario la falta de recursos para hacer frente a las nóminas del batallón de nuevos empleados. Precisó que cuando preguntó por esos contratos, el jefe de personal y el secretario le dijeron que había sido cosa del presidente.

El exinterventor, otrora persona de estrecha confianza de los Baltar –lo pusieron al frente del Club Deportivo Ourense Baloncesto- cuestionó todo el proceso: no era normal contratar a aquellas personas. No era normal el elevado número –lo habitual era tener una bolsa de entre 40 y 50 personas, precisó-. No era normal la duración de solo tres meses de los contratos siendo tan necesarios. No era normal que las contrataciones no hubieran pasado por la comisión de control y seguimiento de la que él formaba parte y que debía pronunciarse sobre la existencia, o no, de crédito. No era normal que no lo hubieran consultado a él. Y además, explicó Baños, no había dinero para pagar a los enchufados, hasta el punto de que, según confesó, llegó a temer que no pudiese pagar la nómina de los funcionarios de la Diputación.

Pocos meses después, Baños abandonó por sorpresa su plaza de alto funcionario en la Diputación y aceptó un puesto de secretario en un pequeño pueblo de Guadalajara. El martes, ante el juez, Baños recordó que tras enterarse de la situación había hablado entonces con Baltar para decirle que podrían afrontar el gasto con el crédito, pero no supo precisar qué le dijo respecto a las consecuencias jurídicas de su contratación masiva e irregular.

Baños echó por tierra la teoría que el secretarío había intenado exponer en su comparecencia el día anterior relativa a una supuesta laguna legal en la contratación del personal laboral. El exinterventor aseguró que aunque se trate de contratos temporales deben regir los principios universales de publicidad, mérito y capacidad que en este caso no se dieron