62 residencias y centros de servicios sociales están acabados y sin ocupar

Una cosa es construir centros y otra ponerlos en marcha. Según el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, “hay 62 centros de servicios sociales terminados y sin aperturar”. Se refería a residencias de la tercera edad, centros de discapacitados y pisos tutelados que esperan que alguien los ponga en marcha. En otros casos, las instalaciones no están, ni de lejos, aprovechadas al 100% debido a la falta de consignación presupuestaria.

Torres, que conoce el tema porque ha seguido en su tarea de parlamentario el área de servicios sociales, puso este asunto como ejemplo de la parálisis de la Administración autonómica que su grupo ha detectado en las jornadas interparlamentarias organizadas a lo largo del mes de enero en las tres provincias valencianas. La conclusión a la que llega el diputado es que se han ejecutado proyectos, a propuesta de los Ayuntamientos la mayoría de las veces, con cargo a programas como el Plan E, que impulsó el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, o el Plan Confianza, del Consell que presidía el popular Francisco Camps, pero sin “una planificación por parte de la Generalitat”.

Torres cita algunos ejemplos concretos que los diputados se han encontrado en sus visitas durante las jornadas interparlamentarias, en municipios como Ribesalbes o L'Alcora. Entre los restos del naufragio de los años de bonanza, en efecto, hay decenas de infraestructuras de servicios sociales que esperan una utilidad. En Vall d'Alba, por ejemplo, unas viviendas tuteladas se inauguraron hasta dos veces y siguen sin ponerse en marcha. En Vinaròs, un centro de día que debía contar con una residencia para 143 personas se quedó a medias. En Elche, sendos centros para enfermos de Alzheimer y enfermos mentales, respectivamente, tampoco se abrieron. En Mutxamel, un centro para discapacitados de 60 plazas construido con fondos del Plan E espera su puesta en marcha.

“Es como si los Ayuntamientos hubieran construido colegios o institutos al margen de la planificación educativa”, apunta el portavoz socialista, que en su comparecencia ante los medios de comunicación, exigió al Gobierno que preside Alberto Fabra que, “dado que hay una inversión realizada, se haga un calendario, un plan al respecto”.

La Consejería de Bienestar Social, a quien corresponde el problema, no confirmó la cifra de centros de servicios sociales acabados pero sin utilizar. El departamento que dirige la nueva consejera Asunción Sánchez Zaplana describió así el problema general, aunque matizó que hay casos diferentes: “Los centros son de titularidad municipal y quieren que nos hagamos cargo de ellos”.

Las estrecheces económicas de la Generalitat y los compromisos de financiación de los centros concertados de gestión privada limitan la capacidad del Consell de dar cobertura a la puesta en marcha y el funcionamiento de los centros.

“La consejería ha de tomar cartas en el asunto”, insistió Torres. “No se puede dejar al albur de cada Ayuntamiento”. El diputado socialista puso el problema de los centros de servicios sociales como ejemplo de lo que definió como una “huida de sus responsabilidades” por parte del Consell. Enlazando con la crítica a la negativa del PP a hacer hábil el mes de enero, el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE señaló: “No solo están paralizadas las Cortes, también lo está el Consell. Aquí no decide nadie”.