El juez imputa a la cúpula municipal de Seguridad la noche de la tragedia

El juez Eduardo López Palop, instructor del caso Madrid Arena, ha anunciado esta mañana 10 nuevas imputaciones en la causa, cuatro de ellas al más alto nivel al afectar a todos los miembros del Ayuntamiento de la capital con responsabilidad en la seguridad aquella noche: el exdelegado de Seguridad y actual responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Antonio de Guindos; la exconcejal de Seguridad y actual concejal del distrito de Carabanchel Fátima Núñez; el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteaguado; y el responsable de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo. También desfilarán ante el juez el doctor al cargo del dispositivo médico, Simón Viñals y su hijo, así como altos cargos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa municipal que gestiona el reciento deportivo donde murieron las cinco jóvenes.

El delegado de Medio Ambiente, que en diciembre dijo que solo dimitiría por indicación de la alcaldesa o si le imputaran, no se ha pronunciado sobre su imputación, pero horas después de conocerse la noticia ha presentado su renuncia en una decisión, según el Ayuntamiento, "irrevocable y personal". La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tampoco ha hablado sobre las dos nuevas imputaciones aunque ha tratado de ganar tiempo recurriendo la medida judicial. El gesto de Botella no ha convencido sin embargo a De Guindos. En el capítulo de reacciones, destaca la de Ignacio González, que le ha dado la "bienvenida" en la medida que pueda servir para dar "todas las explicaciones correspondientes".

Hasta ahora, Botella ha protegido y defendido a De Guindos, hombre de la máxima confianza y cariño de la alcaldesa, hasta el punto de que el pasado 9 de enero decapitó a su hasta entonces todopoderoso número dos, Miguel Ángel Villanueva, sin responsabilidad directa en la tragedia, pero mantuvo a De Guindos, que salió indemne de la asunción implícita de culpas. El hermano del ministro de Economía, escudero de Botella en sus tiempos como delegada de Medio Ambiente, solo perdió las competencias sobre Seguridad, que recuperaron su independencia como área de Gobierno. Núñez, por su parte, fue desplazada a los distritos, pero sigue en el Ayuntamiento.

Esta fue la segunda remodelación en el Ayuntamiento a causa de Madrid Arena. La primera fue el 14 de noviembre tras la dimisión de Pedro Calvo horas después de conocerse que iba a ser imputado por López Palop. Calvo, que era delegado de Economía y Empleo y como tal, responsable máximo de Madridec, sigue siendo concejal a día de hoy y aún no ha sido imputado.

Los familiares de las víctimas pidieron desde el principio la imputación de De Guindos, pero la fiscalía la había considerado “prematura” hasta hoy. La noche de Halloween, De Guindos, que no es concejal electo, era responsable directo de Núñez, en la que la alcaldesa tenía delegadas las competencias de Seguridad. Ambos, junto con Monteagudo y sus subordinados, han centrado la mayoría de críticas sobre la actuación del Ayuntamiento antes y durante la tragedia.

Tanto la investigación como la comisión municipal han desvelado que, aunque el Ayuntamiento sabía desde el 26 de octubre que se iba a celebrar una fiesta de Halloween en el Madrid Arena, no avisó a los servicios de emergencia (Samur) hasta unas horas antes, por lo que estos tuvieron que improvisar sobre la marcha su despliegue. La actuación de la Policía Municipal también ha despertado serias dudas. Primero, porque sólo había 18 agentes durante la fiesta en el exterior, y no evitaron que miles de jóvenes realizaran botellón en la zona.

El juez también ha citado a declarar como imputados al doctor al cargo del dispositivo médico en la trágica fiesta de Halloween, Simón Viñals y su hijo. Según denunció el Samur, el médico no estaba atendiendo adecuadamente a las tres heridas, que fallecieron pese a los esfuerzos de los servicios municipales. Estas imputaciones han sido acordadas en una reunión mantenida entre el magistrado y las partes en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para fijar el calendario de las próximas declaraciones.

Un total de 15 personas declararán en los próximos meses como imputados, de los cuales 10 son nuevos y el resto, comparecencias que habían sido suspendidas. De Guindos declarará el 13 de marzo; Núñez, el 26 de febrero; Monteaguado, el 20 de marzo; los Viñals, padre e hijo, el 8 de abril, y Del Álamo, el 19 de marzo. También destacan entre los citados los responsables de seguridad de Seguriber Raul Monteverde, Juan José París y Miguel Ángel Morcillo, quienes declararán el 12 de febrero, y el 8 y el 22 de marzo; el hermano de Miguel Ángel Flores, José María (el 18 de febrero); el coordinador de seguridad de Madriddec, José Rodríguez Caamaño (el 15 de febrero), el exdirector de este organismo Jorge Rodrigo (el 1 de marzo), el exconsejero delegado José Ángel Rivero (el 3 de abril) y el responsable de Kontrol 34, Carlos Manzanares (el 10 de abril).

El abogado Abdob Núñez, que defiende a la familia de una de las cinco víctimas, Belén Landog, ha destacado que todos los imputados aportarán datos nuevos a la investigación, informa Europa press. "Para nosotros, el botellón tiene influencia directísima y por tanto, las declaraciones de las personas del Ayuntamiento son fundamentales. Y las nuevas de Madridec también", ha indicado. Por su parte, el abogado Felipe Moreno, que representa a la familia de Rocío Oña, ha señalado que aún hay un largo periodo de declaraciones, pero lo importante es que hay un orden. "Se trata de seguir dilucidado dónde están las verdades responsabilidades", ha dicho.