El alcalde de Jaén pide en San Telmo la lealtad de Griñán

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha dado un paso más en su confrontación con la Junta de Andalucía y este lunes se ha plantado a las puertas de San Telmo para reclamar “lealtad institucional” al presidente, José Antonio Griñán, a quien acusa de bloquear intencionadamente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital jiennense. Acompañado por los concejales del equipo de gobierno popular, el regidor jiennense ha registrado una petición de reunión extraordinaria con el presidente andaluz, al que recuerda que el Ejecutivo autonómico aún no ha remitido los informes sectoriales preceptivos casi un año después de la aprobación inicial del PGOU por parte del pleno del Ayuntamiento.

“Exigimos a Griñán un mínimo de lealtad institucional y no la traición institucional que está demorando y bloqueando la ciudad de Jaén”, aseveró el alcalde jiennense en una comparecencia informativa en el exterior de la presidencia de la Junta. Fernández de Moya ha consumado su amenaza de protestar en San Telmo tras lamentar que la Junta no cumpliera su compromiso de entregar los informes sectoriales antes del 8 de enero, aunque luego se pidió una prórroga.

Para el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén, la demora en la recepción de los informes sectoriales de la Junta está ralentizando la aprobación definitiva del PGOU y, por ende, se están frenando inversiones privadas para la ciudad. Así, Fernández de Moya recordó que están pendientes del proceso de regularización las viviendas de miles de jiennenses que viven en las zonas residenciales; está pendiente la Universidad de Jaén para que pueda ampliar su suelo para seguir creciendo en la oferta educativa; la construcción de la Ciudad Sanitaria; o los centros comerciales promovidos por las firmas Bogaris y Alvores.

Desde la oposición municipal se pidió al alcalde que “se ponga a trabajar” por la ciudad y se anunció una denuncia penal contra el alcalde, agentes de la policía y el subdelegado del Gobierno por la “agresión” que sufrieron cuatro ediles socialistas a las puertas del Ayuntamiento el pasado jueves, cuando mostraron su solidaridad con los miembros del SAT a los que se denegaba su acceso al pleno.