Corrupción valenciana

Que en la Comunidad Valenciana tenemos un problema con la corrupción no es una afirmación que, a estas alturas, me temo, sorprenda demasiado a nadie. Tampoco, a la vista de cómo la realidad se acaba imponiendo machaconamente frente a ciertos prejuicios, resulta llamativo ya en estos momentos sostener que es un problema compartido con España. Lo que, por otro lado, no deja de ser normal, dado que no son tan diferentes los códigos culturales que en el fondo están en la base de todo el chapapote de comisiones, defraudación y trinques (sean legales o no) de que se compone gran parte de nuestro tejido económico. Pero, sobre todo, porque también compartimos un sistema legal y de incentivos (y desincentivos) que acaban condicionando y orientando comportamientos. Quizás nuestra estructura económica (el monocultivo ladrillista de los últimos años, por ejemplo) agrave el problema, pero poco más.

En todo caso, llama la atención que por aquí, donde desgraciadamente sí tenemos identificada la existencia de la patología y de su gravedad desde hace ya tiempo, no hayamos tratado de iniciar algún tipo de reflexión sobre qué habríamos de cambiar. La doctrina oficial dice que la corrupción no es general y que se combate con procesos penales para quienes cometen delitos. Esta visión está gravemente equivocada, por cuanto, más allá de la función ejemplarizante que puedan tener estas reacciones, ni se logra así combatir toda la corrupción ni, sobre todo, se ataja el mal esencial, que no son las grandes ilegalidades, sino las pequeñas y generalizadas situaciones donde la corrupción de baja intensidad, día a día, lo acaba contaminando todo. Entre otras cosas porque, además, muchas veces, estos comportamientos ni siquiera están considerados delictivos, de tan generalizada que está la pauta y asumida socialmente.

Urge pues modificar muchas normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico administrativo talibanístico en esta cuestión. La rigidez tiene muchos problemas, como es sabido, y genera ineficiencias. Pero no hay otra. Cuando alguien es alcohólico no se puede permitir tomar ni un vaso de buen vino ocasionalmente. Lo que es un fastidio que, sin duda, le hace perder calidad de vida. Ahora bien, no hay más remedio que actuar así porque, si no, a la larga, la cosa se descontrola. Con esta misma aproximación habría que afrontar la reforma de normas y procedimientos, de forma general, en la Administración valenciana. Porque, a la vista está, es suicida que nos permitamos siquiera una copichuela de vez en cuando.

Muchas de las normas que han de ser más estrictas dependen del Estado que, a la vista está, tiene poca intención de hacer cambios al respecto. Pero al igual que en otras ocasiones hemos llevado al límite nuestras competencias (para crear normas neoforales civiles, por ejemplo) tiene sentido experimentar aquí y cambiar algunas leyes, así como extremar las exigencias en la aplicación reglamentaria propia de las mismas, para dar transparencia, rigidificar la contratación pública, eliminar personal no funcionario de la toma de decisiones sobre dinero público e impedir cualquier contratación de personal que no se base en concursos muy serios. Si la autonomía sirve para algo es para, precisamente, tratar de arreglar por uno mismo las cosas cuando detecta que hay un problema. Así que habría que intentarlo.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/