La reforma del Port Vell

Barcelona nació del mar. Durante siglos, el mar ha sido fundamental en su historia. El comercio marítimo, la pesca y las playas contribuyen a la idiosincrasia de la ciudad. Les Drassanes, la Llotja de Mar o el puerto de la Barceloneta son algunas de sus señas de identidad. Ahora, sin embargo, un proyecto privado convertirá el Port Vell en un espacio cerrado para yates de lujo. La ciudadanía tendrá que prescindir de una parte de su vida marítima para el beneficio de unos pocos.

La reforma del Port Vell supone una privatización de un espacio público; un lugar de todos pasará a ser de uso exclusivo. Y se hará sin que nadie haya preguntado a los barceloneses si lo quieren. Un proyecto de tal envergadura hubiera requerido de un mayor proceso participativo o de una consulta ciudadana. El puerto es un espacio público al servicio de la ciudadanía.

No creo que el lujo y lo que conlleva sea el modelo de ciudad que necesitamos. No creo que proyectos como este tengan dimensión humana ni sirvan para dar trabajo ni vivienda. Dicen que el nuevo puerto tendrá para la ciudad un impacto de 650 millones y generará 400 empleos directos o indirectos. No lo pondré en entredicho, pero dudo que los bares y comercios tradicionales de la Barceloneta se beneficien de la reforma.

Un proyecto privado convertirá el espacio público en un área privada y cerrada para yates de lujo

El plan me genera dudas y me preocupa que tenga un impacto social y urbanístico poco sostenible. ¿Conllevará un encarecimiento de los pisos del entorno? ¿Los vecinos tendrán que dejar sus casas empujados por la especulación? ¿Qué motiva hacer inaccesible el Port Vell que no sea el garantizar una exclusividad? ¿Y con qué legitimidad se privará a los navegantes medianos y pequeños del uso de estas aguas?

La aprobación del plan coincide con la intención de la UPC de vender la Facultad de Náutica por necesidades económicas. El Ayuntamiento quiere que se quede en la ciudad, pero mi opinión es que el centro no tiene que moverse de donde está, un palacete en Pla de Palau, patrimonio arquitectónico, que es un referente de los estudios náuticos de las comunidades de habla catalana desde hace 80 años. No le veo sentido a desahuciar la facultad por unos intereses mercantilistas ajenos a la marina y a la educación.

Quiero recordar, finalmente, que la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad dice que la ciudadanía tiene derecho a un desarrollo ordenado que garantice una relación armoniosa y a un equilibrio entre urbanismo y medio ambiente. El compromiso y los derechos que proclama la Carta son, pues, claros: respetar el patrimonio arquitectónico, cultural y artístico, pero sin perder su sentido histórico y ciudadano.

Maria Assumpció Vilà i Planas es síndica de greuges de Barcelona.