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El juez del ‘caso Nóos’ acusa a Camps de no controlar el dinero público

El magistrado ofrece a la Generalitat la posibilidad de ser parte en la reclamación

La oposición pide a Fabra que se persone en el caso

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien este miércoles ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, destaca en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y critica en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas, entre ellas la valenciana -entonces presidida por Francisco Camps-, y quienes desde ellas gestionaban el dinero que acabó supuestamente desviado.

En su resolución, el magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma asevera que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".

Además, apunta que "se habrá de silenciar en este momento cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa pueda depararles", centrando ahora sus consideraciones en la "esfera privada", en la que "existen suficientes indicios de que su protagonismo recae, de una parte, sobre don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán" por haber "colaborado de manera diversa en la actividad delictiva".

Para Castro, son "muy intensos y variados" los indicios de que fueron ambos quienes "impusieron la redacción de los distintos convenios" rubricados con las Administraciones –en el caso de Valencia con la Generalitat a través de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, y el Ayuntamiento con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- , "calcados en gran parte los de una comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas".

Tanto CACSA, dependiente de la Administración autonómica, como el Ayuntamiento de Valencia, a través de su fundación de turismo, firmaron convenios con el Instituto Nóos por más de tres millones de euros para la organización de jornada sobre los eventos deportivos, los Valencia Summit, entre otros asuntos.

Sobre los convenios firmados con las administraciones valenciana y balear, el juez Castro también subraya que se tramitaron sin iniciar "absolutamente ningún procedimiento administrativo" y "en exclusiva atención" a que al frente de la entidad estaba "el yerno del rey". Entre otros aspectos, En el caso de Valencia, Castro considera "censurable" que los gastos de la estancia en la ciudad de Urdangarin y varios billetes de avión del propio duque de Palma, un hermano suyo, Mikel, Torres y otros dos responsables de Nóos, se cargaran a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Compromís pide al Consell se persone de manera inmediata en el caso

Además, sobre el convenio para diseñar la candidatura de Valencia a acoger los Juegos Europeos, por más de 382.000 euros, el juez señala que se pagaron aunque el objetivo del acuerdo nunca llegó a cumplirse y hay facturas sobre "hipotéticos trabajos" de los que no se ha hallado ninguna documentación.

Tras conocerse el auto, la oposición ha pedido a la Generalitat que se persone de manera inmediata en el caso Nóos. El juez, de hecho, libra oficio al presidente de la Generalitat para ofrecerle la posibilidad de ser parte en la reclamación de la fianza civil, lo mismo que hace con el director general de CACSA y el director de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha instado al presidente Alberto Fabra a "reaccionar urgentemente" y hacer que el Consell se persone como parte perjudicada en la causa. "La fianza dictada hoy es muy aclaratoria, se confirma que ha habido un saqueo tolerado y permitido de los recursos público y de no personarse el Consell como parte afectada, situaría a Alberto Fabra como cómplice de todo ese daño que se ha hecho a las arcas públicas valencianas y también a la credibilidad y la imagen de nuestras instituciones", ha opinado Morera, que ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Consell explique por qué motivo todavía no se ha personado.

También el portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes, Ignacio Blanco, ve "inconcebible" que la Abogacía del Estado se persone en el caso Nóos "y todavía no lo hayan hecho el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que son las instituciones perjudicadas por la actividad presuntamente delictiva de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres".

"Tendrán que responder los  cargos políticos del PP que adjudicaron sin concurso", señala EU

"Sobre Nóos tendrán que responder también los altos cargos políticos del PP que adjudicaron sin concurso fondos públicos millonarios al yerno del rey, entre otros Francisco Camps, Rita Barberá y González Pons", ha añadido.

Por su parte, el concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia Pedro M. Sánchez ha preguntado al alcalde en funciones, Alfonso Grau, "qué más tiene que suceder para que el equipo de gobierno se persone en el caso Nóos para aclarar dónde ha ido a parar el dinero de los valencianos y las valencianas". Para Sánchez, este nuevo auto "demuestra la importancia del Valencia Summit en el caso, ya que de los 8,1 millones euros de la fianza, 3.132.000 euros los pone el juez por el convenio en el que participaban Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau de las jornadas (del Valencia Summit) de 2004, 2005 y 2006".