Bonig se compromete con los afectados a que las ayudas a la vivienda no prescriban
Los perceptores con subvenciones aprobadas exigen a la Generalitat que les reconozca la deuda La consejera replica que pagará cuando haya crédito presupuestario y por orden de antigüedad
La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado este martes a los representantes de la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda, con los que se ha reunido, que las ayudas a la compra, alquiler o rehabilitación a la vivienda concedidas "no prescribirán". La Generalitat garantiza el cobro a todos los afectados cuando haya crédito presupuestario.
La Generalitat adeuda unos 250 millones de euros en subvenciones a la vivienda a 50.000 valencianos, que se han quedado sin percibirlas por falta de crédito presupuestario. Estos fondos no se abonan desde marzo de 2009. Los afectados protestaron hace unos días ante la sede de la consejería solicitando que se paralizase la prescripción de las subvenciones y se reconociese la deuda.
Bonig les ha explicado que para que estas ayudas prescriban se debe iniciar un expediente por parte de la propia consejera, "algo que no voy a hacer", ha insistido. "Pueden estar tranquilos porque estas ayudas no van a prescribir", ha manifestado a través de un comunicado.
La consejera ha recordado a los asistentes que en 2012 se aprobó una modificación presupuestaria de 5,5 millones de euros para pagar aquellos afectados que habían solicitado un anticipo bancario y, para esto mismo también se ha consignado una partida de 3,6 millones en los presupuestos de 2013.
"Vamos a pagar a todo el mundo y estoy en conversaciones con el consejero de Hacienda para poder empezar a pagar por orden de antigüedad como marca la Tesorería de la Generalitat", ha anunciado Bonig. La Generalitat estudia la posibilidad de incluir las subvenciones pendientes con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Bonig ha reiterado que la "sensibilidad social" de la Generalitat "está fuera de toda duda" y prueba de ello son las actuaciones que ha desarrollado en los últimos tiempos. Un "claro ejemplo" es el Instituto Valenciano de la Vivienda, que en la anterior legislatura construyó 1.533 viviendas de protección oficial en 25 municipios valencianos.
Uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda, Emilio Soriano, ha comentado a la salida que "se ha notado cierta empatía con los afectados porque no sabían el dramatismo de algunos casos que ha oído la consejera".
Soriano ha indicado que la consejería "quiere solucionar el asunto y se ha comprometido a realizar un plan de viabilidad para atender a los pagos, en un plazo máximo que se ha fijado hasta la primera semana de marzo". La deuda que estiman desde la Plataforma es de 250 millones de euros, después de cuatro años en los que "apenas se ha pagado nada".
El portavoz ha indicado que "se respetará la antigüedad y se dará cierta preferencia a la gente con más problemas" a la hora de percibir las ayudas. Soriano considera que el plazo para hacer un plan de viabilidad o buscar una alternativa hasta principios de marzo es "más que razonable".
En esas fechas se volverán a reunir para ver la viabilidad del plan o la alternativa para poder afrontar los pagos. Además se verá "en base a qué criterios se hace". "Lo importante es que los responsables de la consejería han reflexionado con nosotros", ha añadido.
Soriano ha señalado que debido a la excepcionalidad del asunto es "necesario hacer frente y empezar a pagar ya". "La responsabilidad de tranquilizar el asunto es de la consejería", ha agregado.
La portavoz socialista de Vivienda en las Corts y responsable de esta materia en la dirección del PSPV, María José Salvador, ha subrayado que la consejera Isabel Bonig, "debe reconocer la deuda que ascienda a 250 millones de euros contraída con más 50.000 personas".
La diputada socialista ha reclamado "un calendario de pagos respetando el orden de antigüedad", ya que "es la mejor manera de que no prescriban las ayudas". Salvador ha lamentado que Bonig "haya sido incapaz de comprometerse a reconocer la deuda" y ha alertado de la "inseguridad jurídica" que está generando su departamento en esta cuestión.
Por ello ha hecho hincapié en que el PSPV seguirá presentado iniciativas para exigir que la consejería cumpla "con el reconocimiento de la deuda, calendario de pagos y respeto del orden de antigüedad, que se lo han saltado con los pagos de los anticipos a los bancos", subrayó.
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