El plan de la Cañada Real se financiará también vendiendo suelo a constructoras

"¿Cuánto nos van a costar nuestras casas?", han preguntado esta mañana los vecinos de la Cañada Real al presidente regional, Ignacio González (PP). "Ay, si yo lo supiera", ha respondido. Pero algo sí que sabe. Sabe que el metro cuadrado se venderá a precio de suelo urbano. Sabe que, para urbanizar la antigua vía pecuaria, no bastará con ese dinero, y tendrá que confiar en que promotores privados compren también, a mayor precio. Eso sí, ese dinero revertirá íntegramente en la mejora de la vía. Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel: "Las parcelas que queden libres y urbanizables que se vendan, su dinero irá a las inversiones en Cañada Real".

 Ignacio González sabe que parte de los vecinos asentados en el sector VI, inhabitable, deberán ser trasladados a otras zonas de la Cañada Real. Otros muchos, miles, tendrán que ser realojados. Las cuentas no cuadran, y tanto la capital como Rivas están muy descontentos. "Tendrán que aceptar el plan, es el único remedio", responde Ignacio González, que añade: "Nos dejaron solos, pero no estábamos solos, teníamos el respaldo de todos los vecinos". Pero los vecinos también están divididos entre los que tienen posibles y los que no. Confían en que se paralicen los derribos y esperan a que les respondan a esa pregunta: ¿Cuánto valdrán sus casas?

El coste medio del suelo urbano en la región es de 650 euros por metro cuadrado, según la última estadística del Ministerio de Fomento, del tercer trimestre de 2012. Pero difícilmente puede servir de referencia, porque los terrenos sobre los que discurre la antigua vía pecuaria son muy heterogéneos: desde un secarral en tierra de nadie hasta una zona de chalés en Rivas o pisos en el casco urbano de Coslada. “No sabemos qué cantidad quieren cobrarnos así que no sabemos si podremos pagarla”, reflexiona tras el encuentro Lidia Resani, presidenta de una de las asociaciones de vecinos, la que representa al sector IV que discurre entre Madrid y Rivas Vaciamadrid. “En mi sector vive gente muy mayor, con pensiones bajas, aunque la Comunidad de Madrid nos ha dicho que no nos tenemos que preocupar”, añade.

El Gobierno regional quiere que el precio sea "aproximadamente el mismo" para todos los vecinos. El plan que airea estas semanas aún no está recogido en un documento oficial o por lo menos no lo enseñan. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, considera "utópico" que un número importante pueda permitirse la compra en esas condiciones. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha tachado de "tomadura de pelo" y "estafa política" que se venda el suelo "a quienes lo ocuparon ilegalmente". Lo hicieron, critica Pérez, "por necesidad", y por sus "condiciones de vulnerabilidad" cree que tampoco podrán permitirse comprarlo.

A 650 euros, una finca de 100 metros cuadrados costaría a sus ocupantes 65.000 euros. "Lo pueden pagar a crédito", considera el consejero regional de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, pese a las dificultades que ello pueda entrañar en un mercado financiero anémico y para unas familias difícilmente ejemplares a los ojos de un banquero. "Lo que ellos nos piden es que les vendamos el suelo, que ya encontrarán ellos el dinero", zanja Fermosel. "Deberían valorar por caso y por personas, habrá gente que no se lo pueda permitir, hay gente en paro o que cobra la prestación de 420 euros, ¿cómo van a poder pagar o recibir un crédito?”, se pregunta Carmen García, de la asociación Cañada Digna Niño, también en el sector IV. “Lo más importante es que se paralicen los derribos”.

“No tenemos toda la información, no conocemos los censos ni las lindes con los que va a trabajar la Comunidad”, reclama Abdul Ghailan, representante de la asociación Al- Shorok y vecino del sector V, ubicado en Madrid. Su casa fue derribada dos veces en 2007 y en 2012. Vive en una caravana desde el último derribo. “Soy el más perdido de la Cañada”, dice. Calcula que lleva gastados unos 80.000 euros y toneladas de paciencia. “Estamos preparados para pagar, pero nos tienen que aclarar cuánto”.

En el sector VI, donde el plan prevé mayoritariamente una zona industrial en la que podrían salvarse algunas casas, las dudas se amplían. “No sabemos quién se va y quién se queda”, dice Elena Martín, de una de las asociaciones de esa zona, la más extensa, ubicada en Villa de Vallecas. “Lo que hemos visto nos ha gustado, pero hay que pelearlo”, añade. “Si nos dan unos plazos para pagar, pagamos como todos. Lo que no queremos es seguir así otros 40 años más”.

El precio del suelo no sólo preocupa a los vecinos, sino también a los Ayuntamientos afectados, puesto que deberán costear, según apunta la Comunidad, la urbanización de la zona. De hecho, según Fermosel, a mayor coste, mejores calidades en la urbanización. Eso repele al Ayuntamiento de Madrid, que considera que todos los vecinos, independientemente de dónde vivan, tienen derecho a los mismos servicios (asfaltado, saneamiento, suministro eléctrico, etcétera).

Pero urbanizar cuesta dinero. En concreto, alrededor de 250 millones de euros. A esa cantidad se sumaría además el coste de los realojos de aquellas familias que no puedan permanecer en la Cañada. Sólo en el terreno municipal madrileño, serían 100 millones más. Los realojos "van a llevar un tiempo", ha dicho Ignacio González, alrededor de 10 años, en concreto. Quién los pagará es otro fleco pendiente, puesto que la Comunidad parece inclinarse, a tenor de las palabras hoy de su presidente, porque el coste recaiga principalmente en los Ayuntamientos; pero el de Madrid ha congelado la construcción de vivienda protegida a la espera de que el Gobierno central decida que ésa es una competencia regional.

¿Podrían pagarse esos más de 350 millones de euros con el dinero aportado por los vecinos para comprar el suelo? Difícilmente. Por eso, la Comunidad se guarda un as en la manga: la Cañada Real tiene un millón de metros cuadrados de superficie, y los que no estén ocupados por asentamientos irregulares se venderían a promotores a un precio muy superior al fijado para los vecinos. Otra cosa es que alguien los quiera, teniendo en cuenta que todos los nuevos desarrollos urbanos en la capital están paralizados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

“Lo que hemos visto nos ha gustado, pero hay que pelearlo”, Elena Martín, de una de las asociaciones de Vallecas.

La Cañada Real es una antigua vía pecuaria cuajada de casas y chabolas, construidas irregularmente desde los años cincuenta, en donde viven 7.725 personas, según el censo oficial que los habitantes aún no conocen. Cruza la región en un tramo de 14,4 kilómetros, por Coslada (900 metros), Rivas (tres kilómetros) y los distritos madrileños de Vicálvaro y Puente de Vallecas.

En Coslada (gobernada por el PP) viven 927 vecinos; es una zona integrada dentro del casco urbano, con 331 viviendas y sin apenas chabolismo. En la franja de Rivas hay 1.132 personas; según el primer censo, aproximadamente el 60% son magrebíes, y el 10% son gitanos españoles. Hay alrededor de 250 viviendas: tres de cada cuatro son casas bajas, y el resto pisos o chabolas. Y unos 33 locales, incluyendo 17 naves industriales, un picadero o tres chatarrerías.

El alcalde de Rivas, José Masa (IU), ha mostrado su oposición frontal al plan regional, pues considera imprescindible contar con "un plan serio de intervención social" antes de dirimir la parte urbanística. La Comunidad aprobó una ley en marzo de 2011 que daba dos años para cerrar un acuerdo; en caso contrario, el Gobierno regional dispondría libremente del suelo. En contra votaron la oposición (PSM e IU), y los tres Ayuntamientos afectados. Rivas se ha negado por el momento a reunirse con los emisarios regionales. González ha explicado: "Va a tener que aceptar el plan, va a tener que ver que es el único remedio".

La Comunidad ha presentado hoy su proyecto a las asociaciones de vecinos. Esta mañana se ha reunido además con la concejal de Urbanismo de la capital, Paz González, que aplazó el encuentro la semana pasada, enfadada por haberse enterado del plan por los medios de comunicación. En el tramo madrileño de la Cañada viven 5.666 personas. El 64% son españolas, el 27% magrebíes y el 5% rumanas. Hay 1.427 casas bajas y 125 infraviviendas. La mitad de la población mayor de edad no tiene estudios. Un tercio de los niños en edad no están escolarizados. Estos dos problemas afectan sobre todo a los gitanos, y en menor medida a los magrebíes.

Además, en el área de influencia de la Cañada han florecido 113 parcelas, sobre todo en Vicálvaro, "en lugares muy problemáticos, como por ejemplo encima del túnel de las vías del AVE", en las que viven 662 personas, la mitad de ellos extranjeros (marroquíes y rumanos). Ellos no están en el censo de la Cañada ni forman parte de la solución. La única salida para ellos es marcharse.

El Ayuntamiento contempla que podrían legalizarse el primer tramo, en Vicálvaro (395 edificios y 611 personas) y la zona más próxima a Rivas (144 viviendas y 591 personas). El resto del asentamiento, incluyendo su zona de influencia (donde viven 662 personas, en peores condiciones aún, no incluidas en este plan), se tendría que derribar: 1.292 viviendas en las que viven 4.464 personas (el 47%, gitanos; el 23%, magrebíes). "Al menos un 40%" de familias deberían resolver por sí solas su necesidad de vivienda. Al resto se las realojaría, siempre y cuando cumplan los baremos habituales en este proceso", decía el informe inicial del Ayuntamiento. Eso elevaría a más 1.500 personas los realojos necesarios para acabar con la Cañada. O lo que es lo mismo: 100 millones, 10 años. ¿Y el resto? Tendrían que marcharse.