Bronca sin precedentes en el Parlamento tras el veto a los invitados de la oposición

La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, atribuyó ayer a diputados de la oposición “hechos ilícitos” e incluso aventuró que estudia aplicar sanciones por “el grave atentando contra una de las altas instituciones del Estado”. Aludía así a la irrupción en la tribuna de invitados de trabajadores de Navantia, que con gritos y carteles, reclamaban carga de trabajo para el astillero ferrolano. Los empleados del sector naval no tenían permiso para acceder al Pleno de Presupuestos que se celebraba en la Cámara y solo estaban autorizados para visitar las oficinas del BNG y de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el interior del edificio. Tan pronto empezó la protesta, la presidenta de la Cámara ordenó a los ujieres desalojarlos pero los manifestantes hicieron caso omiso y se suspendió el pleno. Rojo aprovechó el receso para insinuar que el boicot tendrá consecuencias para los parlamentarios. “No se respeta la Constitución ni el Estatuto y me da tristeza que fuesen diputados de esta Cámara los que provocaran hechos ilícitos. Me reafirma en las decisiones que tomamos, medidas que garanticen que el Parlamento es inviolable”, advirtió Rojo, que solo admitió un par de preguntas de la prensa. ¿Contempla sanciones? “Adoptaremos las medidas que se estimen oportunas”, zanjó la comparecencia.

El pleno ya había empezado con bronca después de que la oposición hubiese abandonado en bloque sus escaños para protestar contra el veto decidido días atrás por Rojo a la entrada no solo al comité de empresa de Navantia, sino también de varios alcaldes del PSOE y algunos sindicalistas. Todos los invitados de la oposición se quedaron fuera por orden de la presidenta, que sigue sin explicar cuál será el criterio para denegar o permitir el acceso a personas o colectivos. Así que en la sesión de Presupuestos solo hubo un representante por cada grupo de la izquierda, el portavoz, y porque debían intervenir en el debate. Uno tras otro, los dirigentes de PSdeG, AGE y Bloque acusaron al PP y a Rojo de convertir la casa del pueblo “en un club privado que se reserva el derecho de admisión” y de poner “bajo sospecha a 2,7 millones de gallegos”.

La oposición insistió en que el Reglamento de la Cámara establece que los plenos son públicos y que ayer no concurría ninguna de las excepciones que establece la norma. Pero Rojo esgrimió un informe que le faculta para arrogarse la competencia “exclusiva” de decidir quién acude a las sesiones: ayer un grupo de niños de un colegio, estudiantes universitarios que están realizando prácticas y algún particular invitado directamente por la presidenta.

Ya durante el debate, el líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, rememoró al PP y a la propia Rojo el episodio de María Antonieta que precedió a la toma de la Bastilla y lo lejos que, como entonces, está ahora el poder de sus administrados. Aconséjó —en otro de sus clásicos discursos antisistema— al PP que no siga escapando del pueblo porque “un día van a entrar los tractores en el Parlamento y ustedes van a salir por patas”. A lo que el portavoz del PP, Pedro Puy, replicó que las revoluciones acaban “devorando a sus hijos” y recordó que el final del jacobino Robespierre, uno de los padres de la Revolución Francesa, lo dictó la guillotina.

Desde el PSdeG, su secretario general, Pachi Vázquez, recomendó a los populares que no emprendan una huida hacia adelante y se esfuercen por convertir el Parlamento en la Cámara “de la palabra y el entendimiento”. Añadió que las reticencias de los ciudadanos hacia la política no se vencen “cerrándoles las puertas” de las instituciones. Con el mismo hilo argumental, Francisco Jorquera, del BNG, censuró que se erradique la “pluralidad” ciudadana.

Fuera, la calle estaba cortada al tráfico y un cordón policial protegía el edificio. Varios agentes trataron de impedir la entrada a las diputadas nacionalistas Ana Pontón, Tereixa Paz y Carme Adán, que salieron a solidarizarse con los colectivos que protestaban ante la verja. Tras constatar que se trataba de tres parlamentarias y cuando estas ya habían franqueado las puertas de la institución un agente se quejó en voz alta: “Ni tengo que conocer a los diputados, ni tengo que saber gallego, punto filipino”.