El fiscal archiva la denuncia del ex alto cargo Rivera contra el portavoz del PP

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado la querella que el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera interpuso contra el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas. Rivera denunció al diputado por calumnias, al insinuar que recibió un puesto de trabajo por no acusar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el fraude.

"Me pregunto si la recolocación de Rivera es en agradecimiento a los servicios prestados a los señores Griñán y Chaves o una moneda a cambio de su silencio”, había proclamado Rojas sobre Rivera. Ahora la Fiscalía Superior, al ser Rojas aforado, matiza en su decreto que las declaraciones fueron “claramente infamantes, toda vez que, cuando menos, le imputa un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias”. A pesar de estas graves acusaciones, el ministerio público considera que “no son constitutivas del delito que se imputa”.

La Fiscalía Superior hila fino y matiza: “La realidad es que, aunque aparezca” en la noticia que recogió las declaraciones del dirigente popular “el nombre del hoy denunciante, la crítica no va dirigida contra él, sino contra los miembros del Gobierno andaluz que supuestamente lo han nombrado para el cargo mencionado”.

El decreto subraya: “Según la jurisprudencia, no bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, preciso en su calificación y catalogable criminalmente, lo que no parece concurrir en el presente supuesto”. Esto es debido a que “lo que posiblemente se critica —quizás de forma desafortunada— es el supuesto comportamiento político de Griñán y Chaves en relación con los ERE y no con la reincorporación de Rivera a su puesto de trabajo como técnico superior” en el Hospital de Levante en Almería. El ex alto cargo de Empleo es personal laboral del Gobierno andaluz desde hace 15 años.

El fiscal añade en su decreto: “Debe dilucidarse si las declaraciones (...) pueden ser calificadas como insulto o vejación en el sentido de resultar desproporcionadamente hirientes y completamente gratuitas o innecesarias para expresar el mensaje político”. Y el ministerio público concluye que no lo son.