El plan es resistir
Tras ocho meses de gobierno, PSOE e IU intentan conservar el modelo andaluz de servicios públicos pese a los recortes que han aplicado. La coalición se presenta como alternativa a la política de privatizaciones
Se vendieron como la cara b de los recortes. Serían el reverso de las políticas que aplica el PP desde La Moncloa y en las comunidades que controla. Pero, tras ocho meses de rodaje en la Junta de Andalucía, ¿la unión de PSOE e IU es una verdadera alternativa a las políticas de Mariano Rajoy? “La percepción que tienen los andaluces sobre el Gobierno de coalición de PSOE e IU es más la de resistencia que la de una alternativa”, opina Eduardo Moyano, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Para llegar a esta conclusión, parte del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía elaborado por el instituto que dirige; se trata de la última gran encuesta de opinión (3.675 entrevistas) que se ha realizado en la comunidad.
De resistencia también habla Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía. “Hay que resistir frente a la avalancha que pretende implantar un nuevo modelo”, apunta el líder ugetista. Pastrana lamenta los embates privatizadores del PP contra la salud y la educación públicas, las dos grandes áreas que gestionan las comunidades autónomas.
Las aulas sortean el aumento de alumnos, pero no la pérdida de interinos
El caso de los 4.500 profesores interinos que no han sido contratados por la Consejería de Educación este curso refleja bien la relación entre la Junta y el Gobierno central.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en abril de 2012 un real decreto-ley de medidas de ajuste para el sistema educativo, que gestionan las comunidades. En este polémico decreto se contemplaba la posibilidad de aumentar considerablemente el número de alumnos en las aulas y el horario lectivo de los profesores de los institutos públicos. La Junta se opuso públicamente y presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra esta norma en julio. Pero los meses transcurrieron y llegó la hora de diseñar las plantillas para el nuevo curso. La consejería no aplicó el aumento generalizado del número de alumnos en las aulas, algo que era voluntario, lo que ha supuesto que 3.373 docentes mantengan su empleo. Sin embargo, sí tuvo que incrementar el horario lectivo de los profesores de instituto. Como consecuencia, este curso arrancó con 4.524 docentes menos en los centros públicos de la comunidad, lo que supone un descenso del 4,6% respecto a 2011. Tras años de crecimiento continuado de la plantilla, se ha retrocedido a niveles de 2007.
“La Junta de Andalucía no ha tomado ninguna medida propia para desprenderse de un solo profesor”, argumentó la Consejería de Educación. Sin embargo, desde el colectivo de interinos afectados y desde algunos sindicatos se pidió a la Junta que contratara de nuevo a esos docentes y buscara alternativas. Pero, de fondo, vuelve a estar el problema de la financiación. El Gobierno central ha eliminado o recortado la mayoría de programas educativos que financiaba conjuntamente con las autonomías.
En el caso de las tasas universitarias, el Ejecutivo de Rajoy legisló para aumentar lo que pagan los alumnos a partir de la segunda matrícula. Sin embargo, las comunidades tenían margen para no subir el precio de la primera matrícula, algo por lo que ha optado el Gobierno andaluz, que solo ha aplicado el incremento del IPC.
Entre las Administraciones central y andaluza también hay diferencias más ideológicas en el campo de la enseñanza. La Junta ha rechazado la polémica reforma educativa que está elaborando el ministro José Ignacio Wert.
Y la consejería ha utilizado el margen legal que tiene para marcar diferencias. Así ha ocurrido en Educación para la Ciudadanía. Wert pretende eliminar la asignatura a la que se oponen los sectores más conservadores de la Iglesia. Lo incluye en su proyecto de reforma, que tardará al menos un curso en poder aplicarse. Mientras tanto, el ministro retiró las referencias más polémicas de la asignatura. La Junta las ha recuperado empleando el margen que tiene.
En el caso de los colegios concertados que solo admiten a chicos o chicas ha ocurrido lo mismo. El Gobierno central legisla para proteger su financiación mientras la Junta está dispuesta a retirar los conciertos este año.
“Los andaluces volverían a votar mayoritariamente al PSOE y a IU en caso de celebrarse elecciones, al ver que es la alternativa mejor de gobierno”, recuerda Moyano. Sería algo así como elegir lo menos malo. Porque, según este investigador, “la sensación que tienen los ciudadanos sobre la impotencia e incapacidad de los gobiernos de cualquier signo para solucionar la crisis económica afecta también a la valoración negativa que recibe la coalición”.
El Gobierno de la comunidad más poblada de España, como los del resto de autonomías, no ha sido capaz de atenuar el agujero de la crisis desde la izquierda. Lo más grave: los 1.442.600 desempleados que, según la última Encuesta de Población Activa, hay en Andalucía. La tasa de paro está en el 35,86%, casi diez puntos por encima de la media nacional. Es la tasa más alta de la serie histórica. Y la desastrosa situación parece que tampoco mejorará en 2013. Analistas Económicos, el servicio de estudios de Unicaja, prevé otro año horrible: una caída del 1,6% del PIB regional y un desempleo del 36,6%.
El socialista José Antonio Griñán, el encargado de capitanear una salida distinta desde el sur, reconoce que la alternativa está limitada por la “crisis”. Es decir, la actual situación económica hace “muy difícil que exista un margen para hacer grandes cosas, pero sí para algunas diferencias”. Griñán se fija, por ejemplo, en la sanidad: “No hemos privatizado ningún centro de atención ni hospital”.
La resistencia ante las privatizaciones es el principal rasgo diferenciador de la coalición. Así lo cree Luis Ángel Hierro Recio, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y exdiputado socialista. “La alternativa ahora está en hasta dónde entra lo privado”, opina Hierro.
No piensa lo mismo José Luis Sanz, secretario general del PP andaluz. “El bipartito es un gobierno de escaparate, intentando hacer ver que no hacen recortes”, opina. PSOE e IU “lejos de ser una alternativa son un lastre para Andalucía”, añade.
La relación entre la Junta y el Ejecutivo central, en manos del PP, ha sido de enfrentamiento en estos primeros meses de convivencia. Los recursos ante el Tribunal Constitucional han volado de Madrid a Sevilla, y viceversa. El Gobierno central ha intentado paralizar a través de esta fórmula la subasta de fármacos. A su vez, la Junta ha recurrido contra los recortes en sanidad y educación.
Pese a los recursos, PSOE e IU han terminado aplicando algunas de las medidas contempladas en esos decretos de ajuste. “En Andalucía también se han hecho recortes importantes a los empleados públicos”, afirma José Luis Heredia, presidente andaluz del sindicato CSIF, quien, a pesar de todo, reconoce que la coalición defiende los sistemas públicos de salud, educación y dependencia. “Pero recortes, todos los del mundo”, añade Heredia.
Es una cuestión de cuartos, se excusan PSOE e IU. “Andalucía recibe la financiación más baja de España”, se queja el presidente de la Junta. “El objetivo de déficit que nos han impuesto a nosotros, y al resto de comunidades, es cinco veces superior al que tiene el Gobierno central”, añade el presidente de la Junta. “Sobre los ingresos nos han dado bastantes palos. A todas las comunidades, pero a nosotros más”, resume Griñán, quien recuerda que tampoco se ha cumplido con la inversión estatal en función de la población contemplada en el Estatuto andaluz.
“El último modelo de financiación [aprobado durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero] fue malo para Andalucía”, opina el economista Luis Ángel Hierro. “A Andalucía no le vendría mal uno nuevo”.
Este año toca revisarlo. El problema es el polarizado escenario en el que se negociará el nuevo sistema de financiación. Cataluña, cuyo Gobierno ha iniciado un camino independentista tras el rechazo de Rajoy a concederle un pacto fiscal, es uno de los actores principales y está acaparando gran parte de la agenda política de los últimos meses.
El modelo de financiación y el debate territorial se han entreverado. Y el Estado autonómico se cuestiona desde soberanismo y el recentralismo. “No hay que construir un modelo muy distinto, sino cerrar el que tenemos desde hace 30 años”, opina Griñán. Es decir, su propuesta federalista pasa por que en la Constitución se recojan y “cierren” las competencias y su financiación. También, convertir el Senado en una verdadera Cámara territorial.
Andalucía quiere ser una cuña en el debate entre el centralismo y el independentismo para no quedarse atrás. Pero necesita que su voz se oiga. PSOE e IU buscan un 28-F 2.0. Quieren que desde la calle y a través del denominado pacto por Andalucía se vuelva a reivindicar el papel de la comunidad de forma masiva. Griñán —y su compañero de viaje Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta— insisten machaconamente en que el pacto tiene que ser “de abajo a arriba”.
Ambas formaciones toman como referente las grandes manifestaciones de finales de 1977 en defensa de la autonomía plena de Andalucía. Pero, hace 35 años, se respiraba un aire de esperanza por el comienzo de algo nuevo que los partidos supieron capitalizar. Ahora, el ambiente es de desesperación ante un descarnado fin de ciclo. Y la desafección ciudadana hacia los partidos es enorme, según refleja el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. El reto está en cómo reconciliar la política con la ciudadanía.
La sanidad pública como bandera para hacer oposición
La atención de cada andaluz le costará este año a la Consejería de Salud una media de 985 euros. Es el presupuesto por persona y año que ha calculado para 2013 el departamento que dirige María Jesús Montero (PSOE), que, en una entrevista con este periódico, advertía hace unas semanas de que no hay compañía privada que por ese dinero pueda ofrecer “el nivel de prestaciones y de calidad” que ofrece Andalucía. Desde una simple consulta con el médico de familia a un trasplante de corazón. Éste es pilar que define a la sanidad pública, un modelo solidario al que cada ciudadano contribuye en función de su renta y sin cuestionarse si otro que aporte menos al sistema debe recibir las mismas prestaciones.
El Gobierno de coalición PSOE e IU ha hecho de la defensa de la sanidad pública un instrumento de oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, alguna de cuyas medidas más duras para afrontar la crisis están relacionadas con la sanidad. La Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley de medidas urgentes en materia de Salud, mediante el que el Gobierno restringió el derecho a recibir atención sanitaria a distintos colectivos, entre ellos los inmigrantes irregulares. Mientras el Constitucional dirime sobre el asunto, Andalucía ha seguido atendiendo a los sin papeles y mantiene activas alrededor de 40.000 tarjetas de Reconocimiento Temporal de Asistencia. El Gobierno y la Junta están también enfrentados en el Constitucional por la subasta de fármacos puesta en marcha por el Ejecutivo andaluza y recurrida por el Estado. Pese a las trabas, la Junta se niega a renunciar a esta medida que se ha convertido en una declaración de intenciones: en vez de buscar ingresos implantando nuevas tasas al usuario (como el euro por receta de Cataluña y Madrid), Andalucía ha optado por reducir el gasto a costa de los beneficios de la industria farmacéutica.
Además de servir como contrapunto a las medidas del Ejecutivo de Rajoy, el Gobierno andaluz ha hecho de la defensa de la sanidad pública una bandera con la que distinguirse de las comunidades gobernadas por el PP. A su vez, los populares han iniciado una campaña centrada en desacreditar la sanidad andaluza y desde hace semanas difunden datos y cifras, en muchos casos inciertas, con las que pretenden ilustrar que en Andalucía se están privatizando hospitales, como en Madrid, o cerrando guardias en zonas rurales, como en Castilla la Mancha.
La comunidad cuenta con 47 hospitales públicos y más de 1.500 centros de salud. “Todos son públicos, con gestión pública, personal público y atención pública”, repiten en las últimas semanas los responsables autonómicos ante la confusión creada, que pasa por equiparar la privatización de hospitales y centros de salud de otras comunidades con las plazas concertadas por la Junta en 17 hospitales privados andaluces, a los que se destina alrededor del 3,7% del presupuesto de la consejería.
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