La alcaldesa de Jerez impide debatir la privatización del agua
Los ediles de Izquierda Unida se amordazan para protestar porque no se debate su iniciativa
La estampa no tiene precedentes en Jerez. Los tres concejales de Izquierda Unida se han amordazado en el pleno municipal del Ayuntamiento después de que el gobierno local (PP) haya rechazado debatir una moción contra la privatización de la gestión del agua presentada por la coalición de izquierdas.
El gobierno local ha alegado que la iniciativa se había presentado "fuera de plazo", pero el registro de entrada facilitado por el portavoz de IU, Joaquín del Valle, evidencia que las tres propuestas del grupo fueron registradas en tiempo y forma, es decir, al menos un día antes de la junta de portavoces.
Los ediles han permanecido de pie ante la mesa de la presidencia más de tres horas y media amordazados con cintas de tela roja y portando pequeñas pancartas en las manos con los mensajes "más democracia" y "menos abuso".
Antes de iniciar la singular protesta, del Valle ha leído un comunicado en el que ha acusado al equipo que dirige la alcaldesa María José García Pelayo de "sobrepasar la línea de autoritarismo para situarse en el desprecio de los principios democráticos más elementales y de la legalidad". "Sólo muestran su oposición a las normas reguladoras de funcionamiento democrático y su falta de ética política", ha espetado el concejal.
El gobierno municipal ha censurado las propuestas de Izquierda Unida en el mismo pleno en el que ha presentado, debatido y aprobado las cuentas del Ayuntamiento de 2011 con más de tres meses de retraso sobre el plazo establecido por ley.
Las cuentas de ese ejercicio han arrojado un superávit de 3,6 millones de euros y un remanente de tesorería de gastos generales de 421,9 millones de euros en negativo. Desde el PSOE, Francisco Lebrero, ha subrayado que los resultados del ejercicio evidencian que se puede reconducir la situación económica del Consistorio -que arrastra una deuda de 1.000 millones de euros- sin necesidad de recurrir a "medidas draconianas como el ERE municipal" que supuso la salida en 2012 de 260 trabajadores del Ayuntamiento.
Los despidos en la Administración jerezana se han cobrado otra víctima. El defensor del Ciudadano, Francisco Reinoso, ha presentado su renuncia en la sesión plenaria al considerarse incapaz de prestar el servicio por falta de recursos. La reducción de empleo aprobada por el PP también se ha llevado por delante tres de los cuatro empleos de la oficina del defensor.
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