Un conservador sustituye al juez que sentó a Camps en el banquillo

El Consejo General del Poder Judicial ha elegido este jueves a Antonio Ferrer, juez conservador aunque no adscrito a ninguna asociación profesional, para cubrir la baja dejada por el magistrado José Flors en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Flors, a quien tampoco se podía definir como un juez progresista, fue el instructor del caso de los trajes y sentó en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, empujándolo a dimitir.

Ferrer, que hasta ahora presidía la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, se impuso en la votación del Poder Judicial a dos magistrados adscritos a Jueces para la Democracia, la asociación profesional progresista. Se trataba de José Manuel Ortega y de Filomena Ibáñez, ambos de la Audiencia de Valencia.

Las fuentes jurídicas consultadas describen a Ferrer como un juez serio, trabajador, discreto, severo en la aplicación del derecho penal y poco dado a generar polémicas con las resoluciones. Frente a ciertos comentarios, varias fuentes niegan que Ferrer sea cercano a Juan Luis de la Rúa, que fue presidente del TSJ valenciano y se hizo famoso por archivar la causa contra Camps en 2009 contra el criterio del juez instructor y de la Fiscalía Anticorrupción, una decisión que fue sonoramente enmendada por el Tribunal Supremo.

La decisión despertó controversia, entre otras cosas, porque De la Rúa había sido calificado tiempo antes del archivo por Camps como más que un amigo.

La apariencia de distancia entre los juzgadores y sus potenciales reos parece ahora incluso más urgente que en 2009. Entonces la única causa inflamable abierta en el TSJ era la que afectaba a Camps, su exvicepresidente Víctor Campos, el exsecretario general del PP regional Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafel Betoret por cohecho impropio. El tribunal mantiene ahora imputados, en cambio, a decenas de personas en los casos Gürtel, Brugal y Blasco, incluidos nueve diputados del PP en las Cortes valencianas y la antigua cúpula del partido en la comunidad autónoma que han ocupado casi todos los cargos posibles: la vicepresidencia de la Generalitat, la presidencia del Parlamento autonómico, varias consejerías y dos de ellos, la alcaldía de Alicante.

En el primero de los juicios que afrontan los políticos valencianos, por las millonarias adjudicaciones de la Consejería de Turismo a la trama Gürtel, Anticorrupción solicita penas de hasta 11 años de cárcel contra algunos de ellos.

Flors se jubiló anticipadamente a final de de 2012 alegando motivos familiares y personales, entre ellos médicos.