Un manual anticorrupción inédito

Cuando el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, expuso en diciembre de 2011 en el Parlamento la idea de diseñar planes específicos para prevenir la corrupción en distintas instituciones y crear un organismo de control adscrito al Consello de Contas, se llevó de vuelta buenas palabras y algunas palmadas en la espalda. En la memoria del año 2011 que la fiscalía presentó este verano a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, el ministerio público volvía a insistir en la idea ya más detallada y con los antecedentes de lo que están haciendo otros países, singularmente Portugal y Gran Bretaña para combatir las conductas delictivas. La propuesta se remitió además al conselleiro de Presidencia y hoy vicepresidente, Alfonso Rueda, y al exministro de Interior socialista, Antonio Camacho, y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, recibió incluso el detalle del plan de prevención de la ciudad de Porto. No hay noticias de ninguna institución que haya tomado nota, a pesar de los escándalos que alimentan día tras día las portadas y telediarios.

La “propuesta de reforma para la prevención de riesgos de la corrupción” parte de la idea de no dejar recaer todos los controles sobre “la vertiente represiva” y apuesta por actuar antes de que se produzcan los delitos. Cita los acuerdos de la Convención de la ONU contra la corrupción en 2003 que insistían en la necesidad de “establecer sistemas eficaces, proporcionados y disuasorios tanto en las normas penales como en las prácticas preventivas y establecer “un control reforzado a las cuentas de las personas políticamente expuestas para los efectos de detectar transacciones sospechosas”. Y tras repasar las experiencias de Portugal, Gran Bretaña y también de Cataluña, donde se creó la Oficina Antifraude como una institución independiente para fortalecer la integridad del sector público, propone la habilitación de un organismo administrativo autonómico para detectar los riesgos potenciales de corrupción. Señala como las áreas más suceptibles en las distintas Administraciones la contratación pública, la concesión de subvenciones y beneficios públicos, el urbanismo y la edificación, los recursos humanos y la gestión financiera.

Entre las primeras funciones a desarrollar por el órgano de control figura un cuestionario para ser remitido a todos los trabajadores de la Administración autónoma y local que permita “realizar una identificación de cuáles son las áreas y situaciones más permeables y con mayor riesgo, en especial dentro de las áreas de contratación pública y concesión de subvenciones. De las respuestas al cuestionario “se derivarán las recomendaciones a las entidades que componen el sector público”. La filosofía del plan contempla involucrar a todos los trabajadores en la lucha contra la corrupción y establecer planes de prevención similares a los que se desarrollan para evitar la siniestralidad laboral.

Al igual que sucedió en Portugal tras la aprobación de la ley que creó en 2008 el Consello da Prevención da Corrupción, donde proliferaron los planes de gestión de riesgos hasta sumar 738 en distintas Administraciones y organismos, el fiscal superior se decanta por que cada institución tenga libertad y margen de maniobra para elaborar sus propios protocolos atendiendo a sus características particulares. El órgano de control establecerá no obstante unos requisitos mínimos para todos los entes, que deberán “identificar los riegos de corrupción e infracciones conexas en todos sus departamentos administrativos”; establecer mecanismos de control interno a través de la segregación de funciones, o la definición previa de criterios abstractos en la concesión de beneficios públicos o el nombramiento de jurados diferenciados para cada concurso; y la definición de los distintos responsables de verificar el control. Además, “las distintas entidades administrativas deben elaborar memorias anuales sobre la ejecución” de dichos protocolos.

El ministerio público apuesta por establecer protocolos dinámicos en actualización permanente para “evitar que se instalen en los servicios públicos nuevos focos o ambientes perturbadores”. Concluye el ministerio público que evitar la corrupción “es una responsabilidad de todos los trabajadores de la institución, sean miembros de los organos de dirección o cuando se trate de un simple funcionario”.

El fiscal superior, Carlos Varela, presentó estas pautas hace un año y las incluyó en la memoria de 2011 que remitió a la Cámara el pasado verano. Pero no ha sido hasta ahora —con la proliferación de los escándalos en distintas instituciones— cuando algunos partidos, singularmente Alternativa Galega de Esquerda y el PSdeG, se han interesado por la iniciativa. La dirigente de AGE y líder de Esquerda Unida, Iolanda Díaz, se comprometió el miércoles tras reunirse con Carlos Varela a llevarlo al Parlamento. De las distintas instituciones a la que se ha presentado el plan, el ministerio público no tiene noticias.