El alcalde de Santiago trata de negar que vuelve a estar imputado por otra juez

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, no se da por aludido y esta mañana incluso ha negado su condición de imputado en la investigación abierta tras la denuncia de un policía local que le acusa de prevaricar al relegarlo de sus funciones y de participar en una campaña de acoso contra el funcionario. Según el relato de la querella, el agente fue represaliado por negarse a destruir durante la pasada legislatura el atestado policial que significó la condena del concejal del PP, Ángel Espadas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Currás negó esta mañana tener constancia de que los populares hubiesen presionado a los policías municipales en marzo de 2011 para ocultar aquel incidente. Descartó también que diese órdenes de degradar al agente para que no ejerciese de jefe de la Policía Local en sustitución del titular y de encargar el cometido a policías de menor rango. Este es el argumento que esgrime la querella para acusar de prevaricación tanto al regidor, a su antecesor en el cargo, Gerardo Conde Roa, al edil de seguridad, Albino Vázquez Aldrey y a la responsable de área, María del Mar Hinojosa. Currás que ya acumula otra imputación en el sumario de la Operación Pokemon que investiga adjudicaiones presuntamente irregulares en varios ayuntamientos de Galicia no solo no se plantea dimitir sino que ha optado por negar su propia imputación.

“No recibí ninguna citación, la información que tengo es que se ha presentado una denuncia de un agente, que el proceso está pendiente de diligencias y que no se adoptó ninguna decisión en el juzgado para imputar a nadie. Lo único que se nos va a comunicar es que existe esa denuncia y nada más”, asegura el regidor.

El auto que firma la titular del juzgado de instrucción número 1, Ana López Suevos, y tiene fecha de 15 de enero señala textualmente en su parte dispositiva: “Se acuerda incoar diligencias previas contra Ángel Currás, Albino Vázquez Aldrey, Gerardo Conde Roa y Mar Hinojosa como imputados y hágaseles saber la existencia de este procedimiento. Pese a ello, Currás, que dijo no haber visto la comunicación de la juez, decide no darse por enterado.

El otro argumento que alega el denunciante es el supuesto acoso moral sufrido por el policía que considera injusto la apertura de un expediente basado en hipotéticas denuncias ciudadanas que también está investigando la juez. El regidor minimizó su participación en dicho expediente que se limitó a abrir y pidió a la prensa preguntar al edil de seguridad, Albino Vázquez Aldrey , sobre los detalles.

“Pregunten al concejal de seguridad que es a quien le corresponde, mi participación en ese expediente es a propuesta del concejal de seguridad [Albino Vázquez Aldrey], la de personal [Amelia González, que no aparece citada en el auto judicial] y a la jefa de área de seguridad para incoar el expediente”, aseguró.

El propio Vázquez Aldrey explicó por su parte que el denunciante fue sancionado con un mes de retirada de empleo y sueldo por el Gobierno municipal supuestamente por utilizar el coche patrulla en un desplazamiento particular,a lo que se suman otros tres días de sanción por salir con el vehículo del término municipal compostelano”. El edil, que dijo desconocer el auto del juez, abogó por suspender la sanción.