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La Comunidad propone vender los terrenos a los vecinos de la Cañada

El plan prevé convertir en zona industrial el sector más polémico y poblado

El Ejecutivo considera prioritario que el mayor número de residentes compre el suelo

El precio de las tierras aún no se ha fijado

Los planes del Gobierno regional, en un vídeo.  Como única documentación, el Gobierno regional ha difundido este vídeo sobre lo que piensa hacer en La Cañada

La colonia de Rosa de Luxemburgo surgió en los años ochenta en el distrito de Moncloa-Aravaca como un barrio de jóvenes trabajadores. Las zonas verdes, la sensibilidad hacia los peatones y los chalés adosados de dos alturas son algunas de sus características. La Comunidad de Madrid se ha inspirado en ellas para poner sobre la mesa un modelo de desarrollo para la Cañada Real Galiana sobre el que trabajar con los Ayuntamientos afectados —Coslada (PP), Madrid (PP) y Rivas (IU)— para impulsar el desarrollo legal de la antigua vía pecuaria y los terrenos anexos, un problema olvidado por todas las administraciones desde la aparición de las primeras construcciones ilegales hace más de 50 años en la senda de 14,4 kilómetros de largo y 30 metros de anchura media.

El remedio que propone el Gobierno regional, tras aprobar la llamada ley de la Cañada hace casi dos años, pasa por disponer las condiciones para que la mayoría de los vecinos censados compren el suelo donde se levantan sus residencias, algunas construidas tres generaciones atrás. De esta manera, se daría una salida a la reivindicación principal de los 7.725 vecinos censados por los municipios el año pasado —5.666 en Madrid, 1.132 en Rivas y 927 en Coslada—, una cifra un 80% inferior a los 40.000 habitantes que durante años se estimaban. Podrían escriturar sus bienes. Acceder al registro de la propiedad. Al catastro. En definitiva, así obtendrían una seguridad jurídica. “Ningún vecino tendrá el suelo gratis. Al contrario, lo que demandan es comprarlo para, por ejemplo, entregar sus casas en herencia”, expone Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia.

El dinero recaudado por la compra del suelo se destinaría íntegramente a la urbanización de la Cañada. “Sería un desarrollo al menor coste posible, en el que se pavimentaría y se mantendría la alineación de la calle y se soterrarían el tendido eléctrico, el telefónico... No somos una inmobiliaria, esto no es un negocio para la Comunidad de Madrid. Todos los ingresos procedentes de la compra del suelo se invertirían en el desarrollo de los 14 kilómetros”, zanjan Victoria y el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel. Eso sí, la Comunidad considera prioritario que el mayor número posible de vecinos censados siga viviendo en la futura versión de la Cañada. De lo contrario, la propuesta se caería por sí sola, aseguran. La apuesta por el modelo Rosa de Luxemburgo “de casitas bajas” se justifica “para respetar el espíritu vecinal” de la senda.

La Comunidad se marca como “plazo deseable” lo que resta de legislatura —las elecciones autonómicas y municipales están previstas para 2015— para cerrar el censo después de las alegaciones pertinentes, para acordar el modelo de desarrollo definitivo y aprobar el plan urbanístico, que será conjunto con los tres municipios implicados. “Queremos una Cañada compacta, que deje de estar diferenciada en sectores. Homogénea. Por eso, aunque los tres ayuntamientos afectados presentarán sus iniciativas, lo razonable es una misma normativa urbanística para toda la franja”, considera Victoria.

Solo entonces será posible calcular los costes de urbanización y, por extensión, el precio del suelo en la antigua vía pecuaria. “Dar cifras ahora sería demasiado aventurado, sería inventarlas; lo que de momento tenemos claro es que los vecinos censados interesados en la compra disfrutarían de unas condiciones más accesibles que terceros”, añade el número dos de Ignacio González. El precio sería el mismo para todos los interesados y lo calcularía “de forma objetiva un grupo de expertos”, afirma la Comunidad, que empieza hoy a presentar la propuesta al resto de implicados.

El principal escollo de la Cañada es el Sector VI, precisamente el más poblado (3.473), el que cuenta con más viviendas (989 de 2.272) y también con más problemas. En este tramo de la vía pecuaria, el más cercano a Madrid, las familias conviven con zonas de venta de droga y degradación. Una de las grandes dudas es ver si los vecinos son capaces de aportar la cantidad requerida para convertirse en propietarios. “Si no lo hacen no se quedarán en la calle. Serán realojados”, afirman en la Comunidad. Sin embargo, el número podría ser muy elevado, lo que abriría nuevas incógnitas.

El Sector VI es el más conflictivo. En su primer año como delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes ha aprobado numerosas operaciones contra los búnkers de la droga del sector: en concreto 15 grandes operaciones contra los clanes del narcotráfico en la vía, con 100 arrestos y la demolición de 51 chabolas bunquerizadas. La delincuencia no es el único inconveniente que presenta. La cercanía a la incineradora de Valdemíngómez y la presencia de un gasoducto impiden que en buena parte sea urbanizable, según justifican desde el Gobierno regional. En cambio, el Sector VI reúne a más de la tercera parte de las naves industriales de la Cañada (74 de 183). De ahí que la Comunidad proponga como solución convertirlo en un parque empresarial e industrial que actúe de foco de generación de empleo. La previsión de la propia Comunidad es inicar un plan de intervención social “que puede durar 10 años”.

“Es una propuesta, no un plan urbanístico. No es un modelo cerrado ni impuesto, es un modelo del que partimos como punto de referencia para alcanzar una solución entre todas las partes implicadas”, insiste Victoria. Fermosel iniciará hoy la primera ronda de contactos reuniéndose con los ayuntamientos de Coslada y Madrid. Mañana lo hará con Rivas, el jueves con la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y asociaciones de vecinos, y el viernes con las agrupaciones que le queden pendientes. La ley de la Cañada Real Galiana otorga a la Comunidad de Madrid la última palabra en caso de que no se cierre un acuerdo entre administraciones antes de marzo de este año.

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