El juez ve “trato de favor” al tío constructor de Bustos en Sabadell

Que Melquíades Garrido, el tío constructor del alcalde de Sabadell, es un hombre con poder e influencia es vox populi en el municipio. Que gracias a su relación de parentesco con su sobrino, el socialista Manuel Bustos Garrido, obtuvo “trato de favor” del Consistorio es lo que ahora acredita el juez del caso Mercurio.Un auto judicial que figura en la causa subraya que “un grupo de empresas vinculadas” a Garrido “estarían recibiendo trato de favor en la adjudicación de obras” no solo por parte del Ayuntamiento de Sabadell, sino de otros como el de Sant Quirze.

En la resolución, dictada en noviembre de 2010 —a los nueve meses de iniciarse las investigaciones—, el juez denuncia la “injerencia” del presidente del gremio local de constructores en “la adjudicación de obras, que estarían dadas de antemano” y por ese motivo acuerda intervenirle el teléfono. El magistrado basó su decisión en la denuncia inicial de Nicolás Giner, un arrepentido que había trabajado como chico de los recados del exconcejal del PP Jordi Soriano, presunto intermediario en el cobro de comisiones entre diversos empresarios y cargos políticos del Consistorio, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. En aquella denuncia, Giner explicó que Garrido se valía de su cargo como presidente del gremio para “acordar el reparto de obras públicas” en la localidad con empresarios afines.

Las conversaciones entre algunos implicados ratificaron esa hipótesis, según el juez. Uno de los empresarios imputados, José Ríos, habla con Soriano sobre la “preponderancia” de Garrido en las adjudicaciones. Ambos bromean sobre el hecho de que la plaza de España de Sabadell, una vez reformada, debería pasar a llamarse “plaza del tiet”, o sea del tío, en alusión a su vínculo con Bustos. En otra conversación, los hermanos Rafael y Jordi Rojas, también imputados, explican que “el área de recalificaciones y todo eso se lo llevaría el tío del alcalde”, en contraste con otros asuntos que quedarían en manos de Soriano, al que tenían a sueldo.

Otras muchas conversaciones aluden a la supuesta capacidad de influencia de Garrido. El empresario Ríos, por ejemplo, hace énfasis en el “chantaje” que ejerce el presidente del gremio sobre el parque agrario, uno de los proyectos bajo sospecha. Según el informe policial en el que se basa el auto, el tiet se valió de sus vínculos para “discernir en ciertas adjudicaciones quién es el destinatario final”.

El juez ha levantado la parte del sumario que afecta a la trama de empresarios; la de los políticos sigue bajo secreto. En dos años, el exconcejal del PP recibió 800.000 euros de empresarios, supuestamente, para influir a su favor en la adjudicación de obras. Por ahora no hay pruebas que acrediten que esas mordidas —de hasta 120.000 euros, según la fiscalía— fueran a parar a manos de cargos electos. Bustos y tres concejales están imputados por diversos delitos contra la administración pública.

Los caminos, al menos en lo que toca al cobro de comisiones, se acaban en Soriano. Lo pone de relieve la conversación de un empresario, José Manuel González, con su secretaria. Le explica que ha comido con un “personaje” —Soriano, según los Mossos— interesado solo en “ganar dinero” porque “le quedan cuatro años” en política. González le respondió: “Mete el cazo, si yo gano tú ganas”.

Uno de los protagonistas del sumario es Ríos, que se siente apartado y amenaza con desvelar una presunta grabación comprometedora. La advertencia llegó a oídos de Bustos, que organizó una reunión entre él y tres responsables del ayuntamiento, incluido el jefe de la policía local. Lo que Ríos consideró una “encerrona”, el alcalde, al declarar como imputado, lo vio como una forma de investigar los hechos.

Un informe de los Mossos relata un sinfín de irregularides y constata cómo los augurios del arrepentido Giner sobre ciertas adjudicaciones se iban cumpliendo. Soriano es, para los investigadores, el “cerebro de la trama”, actúa en “beneficio propio” y no duda en informar a regidores del PSC —con los que mantiene un contacto fluido— sobre el sentido de su voto en los plenos municipales, pese a estar teóricamente en la oposición.

Los presupuestos de las obras del cementerio municipal —otro proyectos investigado— están “falsificados” e “inflados”, añade la policía. Esos 60.000 euros extra lo destinaron los hermanos Rojas, según los Mossos, como “contraprestación, en forma de publicidad”, al CE Sabadell. Otro negocio millonario, el del movimiento de tierras, tuvo en vilo a Guillem Ustrell, propietario de unos terrenos que esperaba la autorización para vender su parcela a Decathlon “por siete millones” para construir allí una ciudad deportiva. Según los Mossos, un cargo del consistorio, Daniel Criach, informaba a Ustrell sobre sus asuntos.

El sumario respira una rivalidad extrema entre los empresarios en la lucha por obtener adjudicaciones. Cada uno intenta hacer valer su influencia en el consistorio —apodado según los casos como la Casa Gran, el Palau o Ayuntamiento SA— y algunos admiten haber pagado comisiones. Como Enrique Vilella, que propone a un socio pagarle “otros 3.000 euros” a Soriano, pero no más, hasta que pruebe su influencia. Tras explicarle a su socio que un “político” le ha confirmado la firma de una póliza de 20 millones por las obras del plan E, añade que en la Fira de Sabadell hay “un tejemaneje que eso no lo pilla cualquiera”. “Aquí embadurna todo dios”, le dice su interlocutor. “Ahí está la gracia (...) Está todo corrompido”, contesta Velilla.