El ‘tasazo’ y otras ocurrencias de Gallardón

La política depredadora del Partido Popular durante este primer año de desgobierno, no tiene límites, al desmantelamiento de servicios públicos tan básicos para el ciudadano, como la sanidad publica y universal, o la enseñanza pública y gratuita, le ha tocado el turno ahora, a la Administración de justicia, con la implantación de las tasas judiciales que no es más que el tiro de gracia directo a la línea de flotación del maltrecho sistema judicial, de la ciudadanía en general, y en particular de decenas de miles de abogados y procuradores.

La mayoría de compañeros abogados y procuradores que conozco se han mostrado sorprendidos por la implantación de las tasas, viniendo del señor ministro Ruiz Gallardón, al que prácticamente todos consideraban persona ponderada, de corte centrista, incluso con ciertos tintes progresistas a pesar de militar en el PP. A mí, no me ha sorprendido en absoluto, ni esta medida, ni otras que han llegado y que seguirán llegando a buen seguro de la mano de Gallardón. ¿Qué otra cosa se podría esperar del ministro de Justicia? No hay que olvidar que su padre, José María Ruiz Gallardón, fue uno de los fundadores del Partido Popular, y su suegro Utrera Molina, falangista, y ministro de Franco.

Con esos antecedentes, era lógico pensar que su “ramalazo” autoritario tenía que salir más pronto que tarde a la superficie, y lo ha hecho en el peor momento, cuando más duele, y cuando más esquilmada esta la ciudadanía.

Lo que no se entiende es que, siendo el ministro, miembro de la carrera fiscal en excedencia (fue número dos de su promoción) y, por lo tanto, en teoría conocedor del mundo jurídico, piense que los males que aquejan a la administración de justicia, pueden solucionarse con la implantación de unas injustas tasas judiciales. Si de verdad cree que con esta medida se va a acabar con la exasperante lentitud de la justicia, su conocido colapso, o que esta medida coadyuvará a ofrecer una justicia de mayor calidad, sencillamente es que es muy iluso.

Justificar tan dolorosa medida, pensando que la culpa de todo la tienen los ciudadanos por tener la costumbre de acudir a los Tribunales a solucionar sus diferencias y pedir justicia, colapsándola, es simplemente contribuir directamente a la destrucción del Estado de Derecho, e invitar a la mayoría de los ciudadanos de este país para que busquen otras soluciones ciertamente no tan pacíficas para la solución de sus conflictos.

Alega en su defensa el ministro para justificar su tan injusta medida, que con los recursos económicos obtenidos de las tasas judiciales, se podrá hacer frente al pago de la Justicia gratuita, y mejorar el sistema.

Es una falacia, hasta ahora la justicia se ha alimentado de los impuestos pagados por todos los españoles, es que ¿acaso la implantación de las tasas, va a tener como efecto inmediato una rebaja paralela en nuestros impuestos, ya que una parte importante del mantenimiento de la justicia lo va a ser a través de las tasas? No.

Los únicos objetivos de la implantación de las tasas, son dos, por una parte el más evidente, el de recaudar, y seguir esquilmando al ciudadano medio español, y de otro y más grave, de paso, limitar, cuando no impedir el libre acceso del ciudadano a la justicia, dejando sin contenido nuestro derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución que es el de obtener la tutela judicial efectiva.

En cuanto a que la implantación de las tasas vaya a contribuir a la mejora del servicio de justicia gratuita como también ha alegado el ministro, sinceramente lo dudo, como fiscal de carrera que es me debería recordar que la justicia gratuita, existe, subsiste y persiste, gracias exclusivamente al esfuerzo de miles de abogados y procuradores de todas las edades, que de manera prácticamente desinteresada, y altruista están adscritos al turno de oficio, percibiendo unos honorarios absolutamente indignos por ridículos, y además con mucho retraso. Dos ejemplos que debería conocer el ministro: los abogados de Valencia realizan sus servicios de guardia de 24 horas a cambio de 100 míseros euros, o la tramitación completa de un procedimiento penal en todas sus fases, juicio incluido se paga a 120 euros de vellón.

Dudo que las tasas se apliquen para dignificar los honorarios de los abogados y procuradores que prestan el servicio de justicia gratuita, y desde luego dudo mucho que sirva para que más ciudadanos puedan acceder al derecho a la justicia gratuita. Eso sí, el tasazo, ha tenido el efecto inmediato de poner en contra del Ministerio de Justicia a todos los agentes del sistema judicial, jueces, secretarios, asociaciones de fiscales, abogacía, procuradores, organizaciones de consumidores, funcionarios de la Administración de Justicia, a todos.

Debo recordar, que el ministerio, haciendo gala de sus “maneras democráticas”, obvió, e hizo caso omiso a todos los dictámenes contrarios al decreto de implantación de tasas, que fueron emitidos por el CGPJ, Consejo General de la Abogacía Española, y muchos otros.

Lamentablemente, ya llueve sobre mojado, no son solo las tasas judiciales, manifiestamente inconstitucionales, primero fue la reforma laboral, con el abaratamiento de los despidos, la perdida generalizada de los derechos de los trabajadores, reducción de las prestaciones de desempleo, y Fogasa, aumento del periodo de carencia para acceder a las prestación mínima de jubilación, etc. Y eso por no hablar de otras “ocurrencias” como el estudio de tramitar las separaciones matrimoniales y divorcios de mutuo acuerdo ante notario, pagar si te casas por lo civil en un Juzgado, pagar por la expedición de certificaciones de nacimiento, defunción, o el más peregrino de mantener en funcionamiento los juzgados (y con ello a todos los operadores jurídicos) durante el mes de agosto, y todas las tardes del año, etc., etc.

La cosa pinta mal, y se va a poner peor, cualquier día a alguien del Ministerio de Justicia, se le ocurrirá la brillante idea de cobrar un euro a cada ciudadano que entre en un juzgado aunque vaya solo de visita, de trabajo, o como testigo por poner un ejemplo, tiempo al tiempo. Solo llevamos un año de legislatura, quedan tres que se van a hacer muy, muy largos, ahora me acuerdo de mi abuelo, honesto trabajador republicano cuando decía aquello de “estamos copados”, y así es si el Tribunal Constitucional no lo remedia.

Nota. Copado: cercar por sorpresa a alguien, cortándole la retirada.