No es fiesta, es incivismo

La semana ha venido bien nutrida de sucesos, y presuntos delincuentes que merecen su glosa. Por ejemplo, la granizada de severas penas e inhabilitaciones que se piden para los peperos valencianos implicados en la trama Gürtel y el caso Fitur, la contundente millonada que el extesorero del PP Luis Bárcena ocultaba en Suiza y que por su volumen y descaro evoca los saqueos cometidos en Emarsa o en el urbanismo alicantino, el escandaloso indulto otorgado al kamikaze que acabó con la vida de un joven alcireño, o el anuncio del inminente juicio por el llamado caso Cooperación, para el que pintan bastos en opinión de algunos observadores cualificados. Y todo ello por no mentar el acelerado tercermundismo al que nos están abocando los incesantes recortes en todos los órdenes, especialmente en el asistencial.

No obstante este sugestivo panorama, el comentario de hoy gira en torno a un episodio aparentemente banal —aunque no para quienes lo padecen—, fruto de la afamada idiosincrasia de los valencianos, tan festivos, jaraneros y en buena parte incívicos. Nos referimos al incidente aventado estos días por el diario Levante que relata la confrontación entre el casal fallero de la comisión Albacete-Marvá y una vecina que reclama el cumplimiento del horario de cierre y la insonorización del local. No parece un desideratum. Al margen de cómo concluya esta diferencia, sea mediante acuerdo o sentencia, nos hemos de solidarizar con la víctima de lo que ella misma señala como una agresión acústica producida en la ciudad que viene siendo reconocida en el orbe mundial como una de las capitales señeras del ruido. ¿Cómo no van a resultar sospechosos unos falleros, tan voluptuosos de la pólvora y el estrépito?

Como es sabido, la batalla contra la contaminación sónica por estos pagos valencianos ha sido y es una causa perdida, un tremendo fracaso. Las hemerotecas registran las reiteradas declaraciones y compromisos del gobierno municipal para afrontar esta lacra. Las ordenanzas han previsto rigurosas sanciones y los mapas acústicos señalan —hemos de suponer— por dónde campa el enemigo ruidoso a batir. Además, en los juzgados se ha percibido una nueva y plausible sensibilidad para disciplinar esta pandemia. En algunos barrios capitalinos se han logrado confortantes victorias judiciales gracias al tesón del vecindario o de algún vecino indómito o desesperado. Algunos recordarán que el Tribunal de Estraburgo condenó en 2001 a España por la pasividad del Ayuntamiento del Valencia y la laxitud del Tribunal Constitucional (otro que tal) por negar el amparo a una vecina de la plaza de Xúquer.

De estas y otras batallitas puede decantarse la sensación de que algo se va avanzando en la civilización del personal alborotador. Pero sería una falsa impresión. Los ayuntamientos carecen de medios —y también de voluntad— para plantarle cara al problema. Así, por gusto o necesidad, se hacen los suecos. Miles de denuncias esperan respuesta y en algunas ciudades la ley apenas rige por las noches. Valencia, sin ir más lejos. No ha de extrañarnos que se hayan asentado en la ciudad más de un centenar de botellones, abonados por el imperativo de fumar en la calle y, de paso, ciscarse en el descaso vecinal.

Nos consta el desamparo e impotencia de quienes padecen esta epidemia del siglo, causada por la ignorancia y estupidez compartida por presuntos ciudadanos y gobernantes cómplices. ¿Cómo no vamos a estar con las víctimas, si somos una más de ellas?