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Fabra mantiene de diputada a la exconsejera acusada por Anticorrupción

La fiscalía pide 11 años para la expresidenta del Parlamento valenciano

Milagrosa Martínez, expresidenta del Parlamento valenciano, en mayo de 2010.
Milagrosa Martínez, expresidenta del Parlamento valenciano, en mayo de 2010.

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, no piensa adoptar ninguna decisión sobre las dos exconsejeras de Turismo procesadas en una de las piezas del caso Gürtel hasta que haya una sentencia condenatoria.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado miércoles 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación para Milagrosa Martínez, la consejera de Turismo de Francisco Camps que adjudicó por primera vez el pabellón de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a Orange Market, la ventanilla de la trama Gürtel en Valencia. Martínez, que fue promocionada desde la Consejería de Turismo a la presidencia del Parlamento valenciano en 2007, es actualmente diputada autonómica y alcaldesa de Novelda.

Junto a Milagrosa Martínez también está procesada Angélica Such, que la sustituyó al frente de la Consejería de Turismo y que adjudicó dos años más el concurso de Fitur, hasta 2009, a Orange Market.

Para Such, la Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de inhabilitación especial en cargo público. En la misma pieza que instruye el Tribunal Superior de Justicia hay otros 12 imputados entre cargos públicos y miembros de la trama Gürtel.

Un PP valenciano desmoralizado da por hecho que habrá juicio oral

Los populares dan por hecho que habrá apertura de juicio oral y que las dos exconsejeras se sentarán en el banquillo de los acusados. Sin embargo, el PP valenciano no tiene intención de salirse de la ruta trazada en el caso del exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, que retuvo su acta de diputado hasta el pasado diciembre, tras ser condenado por el Tribunal Superior a tres años de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de la contrata municipal de basura.

Tras la marcha de Hernández Mateo, quedan nueve diputados imputados en el Grupo Popular (55) en las Cortes Valencianas implicados en distintos casos de corrupción.

“Cuando se abra juicio oral, abriremos expediente informativo en el partido y si al final hay una sentencia condenatoria pediremos la dimisión, aunque las actas de diputado o concejal son potestad de los cargos electos y son ellos los que deben tomar la decisión”, explicó este jueves un alto cargo del PP.

El entorno de Fabra insiste en que ya han sido apartados de la dirección regional del PP y del Gobierno valenciano todos los cargos imputados. Cuestión distinta es el grupo parlamentario que confeccionó Francisco Camps a su medida y que tendrá que gestionar Alberto Fabra hasta la convocatoria de las próximas elecciones.

Tras la marcha de Hernández Mateo, quedan nueve diputados imputados en el Grupo Popular

En público, el PP evitó cualquier muestra de afecto hacia las dos exconsejeras imputadas por la concesión del pabellón de Fitur, que optaron por no acudir a unas jornadas que realizaba el grupo parlamentario.

El secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, se limitó a señalar que la calificación de la fiscalía no es más que “un trámite judicial más” y que el partido respetará “todas y cada una de las decisiones” procesales.

El portavoz parlamentario, Jorge Bellver, tampoco fue mucho más allá. “En tanto en cuanto no finalice el proceso de actuación de la justicia, lo que tenemos que hacer es ser respetuosos con el mismo y no olvidar que la presunción de inocencia es un derecho que nos asiste a todos, también a los políticos”, indicó. El estado anímico de los populares valencianos fue ayer tan bajo —empujado también por las informaciones sobre Bárcenas— que pasó casi desapercibida la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no incluir en su calificación al exvicepresidente Vicente Rambla —sobre quien todavía se mantiene la imputación— por no haber podido concretar los indicios del supuesto delito.

El secretario general de los socialistas valencianos, Joaquim Puig, lamentó el silencio de Fabra y le instó a resolver las responsabilidades políticas. El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó al Partido Popular una respuesta rápida respecto a los imputados. Y la dirigente de Esquerra Unida, Marga Sanz, aseguró: “Es intolerable que los ciudadanos estemos asistiendo a estos niveles de putrefacción y que el PP no haga ningún movimiento para apartar a los implicados”.

La olla a presión del PP

E. MOLTÓ, Alicante

El PP de Novelda es una olla a presión. La tensión es palpable y el malestar crece día a día. El pasado diciembre, la alcaldesa, Milagrosa Martínez, destituyó al concejal de Hacienda y portavoz del gobierno local, José Rafael Sáez, justo una semana después de que fuera elegido por aclamación presidente local del PP y de que la dirección provincial anulara la candidatura encabezada por su compañero de partido y Corporación Valentín Martínez. La reacción de la alcaldesa fue colocar a Martínez en el puesto de Sáez, quien se enteró “con sorpresa” de su relevo cuando le notificaron el correspondiente decreto. La regidora, según fuentes del PP, argumentó que el cambio se debía a cuestiones de “confianza”.

La oposición municipal en Novelda, una localidad del Vinalopó Mitjà, de unos 30.000 habitantes, exigió este jueves la renuncia inmediata de Milagrosa Martínez, y extendió la responsabilidad de que siga en el cargo a la dirección regional del PP. La oposición ya prepara para el próximo pleno una moción de reprobación de la regidora, aprovechando así la división del PP.

Manuel González, portavoz municipal del PSPV, pidió a Fabra que suspenda de militancia a la regidora. “Novelda no puede permitirse ser noticia a nivel nacional por los turbios negocios de la alcaldesa”, dijo el edil.

El portavoz de UPyD, Armando Esteve, aseguró que es una “vergüenza” que Martínez siga siendo alcaldesa. El concejal de Esquerra Unida, Salvador Martínez, consideró que “no se sostiene” que continúe en su puesto y el Bloc también exigió la renuncia de la regidora.